El Cabildo de San Pedro Garza García aprobó iniciar las consultas públicas de las iniciativas de reforma a los Reglamentos de la Contraloría Social y de Protección de Aceras del municipio, para darle fuerza y voz a los contralores ciudadanos y prohibición de rampas e inmobiliario urbano e invasores.
Durante la sesión ordinaria y virtual de Cabildo, los regidores y síndicos dieron su aval con 15 votos a favor a ambas consultas que se prolongarán durante 15 días hábiles y que iniciarán después de su publicación en la Gaceta municipal y Periódico Oficial.
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La síndico Valeria Guerra Siller, presidenta de la Comisión de Gobierno y Reglamentación municipal, indicó que en cuanto a la Contraloría Social, se busca darle a los contralores ciudadanos una mayor participación en las acciones del municipio, y por otro lado la protección de aceras y banquetas, cuyas consultas durarán 15 días hábiles.
Dijo que se abre la participación activa y vigilancia de los contralores en los programas, planes y procesos del municipio en obra pública y adquisiciones para ser elegidos por un lapso de dos años.
“Todas las sesiones de los contralores serán públicas en el portal del municipio en su momento de su celebración”, dijo.
En cuanto a la consulta de Protección de Banquetas, se busca establecer un tabulador con el monto de sanciones para quienes se encuentren en los supuestos de infracción.
Se pretende prohibir rampas con mayor inclinación al 6 por ciento y una franja peatonal no podrá ser menor de 1.50 metros, y la franja peatonal no permitirá la instalación de inmobiliario público o móvil, ni mupis, ni rampas invasoras.
Durante la sesión, el Cabildo también aprobó el Programa Anticorrupción.
El regidor independiente José Mario Garza Benavides, presidente de la Comisión Anticorrupción, Ética y Conducta, dio a conocer el dictamen del programa.
“Se aprueba validar el programa Anticorrupción General que incluye las líneas de acciones y que se encuentran descritas en la consideración quinta del dictamen.
“El programa busca combatir la corrupción e impunidad, disminuir la arbitrariedad y discrecionalidad, y en sus decisiones se busca involucrar a la ciudadanía, así como promover la gestión pública en el contacto gobierno y ciudadano”, señaló Garza Benavides.