El Ministerio Público Federal citó a comparecencia para el 27 de septiembre a los representantes de las autoridades federales responsables de la construcción del aeropuerto en Santa Lucía para que comparezcan y entreguen "los informes justificados" de esta obra.
Tendrán que explicar por qué no realizaron la consulta pública para la aprobación o no de esa obra tal y como lo mandata el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Este citatorio es derivado de un recurso de amparo interpuesto por vecinos de Tecámac, en Estado de México, con la asesoría del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrilleros, mismo que quedó consignado en el expediente 1174/2019.
El representante del Frente por la Defensa de su Territorio y el Agua, Mateo Martínez Urbina, informó que el amparo interpuesto en un juzgado federal fue porque las autoridades federales no llevaron a cabo la consulta para la obra que pretenden "y en esa audiencia tendrán que dar sus argumentos para que el juez emita su sentencia".
Recordó que hasta hoy van 11 amparos interpuestos de un poco más de 25 que se pretenden llevar a los juzgados. La mayor parte de ellos es por lo mismo: no hubo consulta con los pueblos para esa obra.
Dos de esos amparos son de Tecámac y los otros nueve han sido impulsados por la organización Pueblos Originarios.
En los amparos de esta última organización la queja es que la población de Temascalapa no fue consultada para que en el subsuelo de sus tierras sea colocado un tanque para el almacenamiento de la turbosina.
"El gobierno federal dio la autorización, pero los pueblos no fueron consultados", añadió Martínez Urbina.
Recordó que uno de esos nueve amparos en la zona ya causó sentencia y el juez "emitió la suspensión provisional".
Reveló que la siguiente semana ingresarán en varios juzgados de Naucalpan y Nezahualcóyotl los amparos faltantes, todos por el mismo motivo: los pueblos no han sido consultados para es obra y por el derecho humano al agua.
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