La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) debe entregar toda la documentación relacionada con los acuerdos y/o convenios firmados con los ejidatarios del pueblo de Santa Ana Nextlalpan, en el Estado de México, cuyos terrenos resultaron afectados por la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, en Santa Lucía.
En la respuesta inicial a la solicitud de un ciudadano, la dependencia encabezada por Román Meyer, a través de la Dirección General de Ordenamiento de la Propiedad Rural, aseguró que no contaba con ningún tipo de documentación sobre ese tema, a pesar de que la Manifestación de Impacto Ambiental se indicó que hubo sesiones de trabajo con los ejidatarios para concretar un acuerdo para la adquisición de terrenos aledaños a la terminal aérea.
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Por ello, el solicitante se inconformó y presentó un recurso de revisión ante el INAI.
El caso fue presentado ante el pleno del INAI por la comisionada presidenta, Blanca Lilia Ibarra, quien explicó que al consultar la manifestación de impacto ambiental del proyecto se observa que el municipio de Nextlalpan, junto con otros cuatro, Zumpango, Tecamac, Jaltenco y Tonanitla, serán los que recibirán los principales impactos ambientales del proyecto con motivo de su vecindad, pues conforman el área de influencia directa del mismo.
“Se observa el señalamiento de que para concretar este proyecto de infraestructura era preciso llevar a cabo la adquisición de terrenos por un total de mil 284 hectáreas pertenecientes en parte a cuatro ejidos en específico”, dijo.
En alegatos, la Coordinación General de Desarrollo Metropolitano y Movilidad de Sedatu precisó que sólo intervino como facilitadora en el proceso de adquisición de tierras que efectúa de manera directa la Secretaría de la Defensa Nacional.
Al analizar el caso, la ponencia de la comisionada Ibarra encontró, en el Segundo Informe de Labores del sujeto obligado, que al 30 de junio de 2020 se habían pagado mil 283 hectáreas, se declararon 128 como terrenos nacionales y estaban en proceso de expropiación concertada 115 de propiedad privada y 14 de propiedad social.
“Se afirma que la Sedatu otorgó servicios de asesoría y asistencia, asambleas ejidales en Santa Ana Nextlalpan y otros núcleos agrarios y en ese mismo periodo se elaboraron 13 convenios de ocupación previa a los ejidos de Santiago Atocan, San Lucas Xolox y San Francisco Tenopalco, y cinco convenios de ocupación previa en propiedad social”, expuso Ibarra.
Ante ello, propuso revocar la respuesta de Sedatu para ordenarle que busque información solicitada en todas las unidades competentes sin omitir la Dirección General de Ordenamiento de la Propiedad Rural, la Coordinación General de Desarrollo Metropolitano y Movilidad, y la Unidad de Asuntos Jurídicos.
El pleno del INAI respaldó la propuesta de la comisionada Ibarra, quien destacó que la Sedatu no está garantizando el derecho a saber de la persona recurrente al haber información oficial que permite concluir que pudiera detentar la información pedida.
Al respecto, la comisionada Julieta del Río destacó la relevancia de la resolución del pleno, luego de la polémica generada por la visita de los siete comisionados del INAI a las instalaciones del aeropuerto de Santa Lucía, la cual les valió numerosas críticas por su participación en un video que fue editado por Sedena, en el que se destacaron únicamente frases positivas de los comisionados respecto del proyecto.
“Fue polémica nuestra visita a este aeropuerto, sin embargo en reiteradas ocasiones, este pleno argumentó que eso no atentaba contra la autonomía, que en las resoluciones de este pleno es donde se refleja la autonomía, simplemente se acudió a una invitación y yo creo que la resolución que hoy propone la comisionada presidenta simplemente es una muestra y un seguimiento de lo que se dijo en su momento”, dijo.
FS