Durante la discusión de la trascendencia nacional de consulta popular para llevar a juicio a actores políticos del pasado en el Senado, Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) dijo que los ex presidentes podrían ser juzgados sólo si se plantea alguna conducta delictiva como desaparición forzada de personas o algún otro tipo penal, porque de lo contrario, los delitos ya prescribieron.
En entrevista, luego de reunirse en privado con el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, el titular de la UIF aplaudió la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por declarar constitucional dicho ejercicio.
“El tema estaba relacionado en particular con los delitos de corrupción y lavado de dinero. El Código Penal establece que el lavado de dinero tiene una penalidad de 5 a 15 años de prisión, la prescripción empieza a operar a los 10 años, eso implicaría que los temas de corrupción, relacionados con lavado de dinero habrían prescrito algunos de los ex presidentes, claro que si se planteara algún otro tipo de conducta delictiva, de carácter continuado, como desaparición forzada de personas o algún otro tipo penal, podría generarse algún tipo de responsabilidad todavía.
“En los temas de corrupción, lavado de dinero estaría ya estaría prescrito que es finalmente el objetivo de la consulta para efecto de poder llevar a los responsables ante los tribunales y la alternativa era hacer una revisión una especie de comisión de la verdad que pudiera señalar los actos de corrupción del pasado para efecto de tener claridad como ciudadanía mexicana de los efectos y excesos que tuvimos de corrupción de las pasadas décadas”, expresó
Santiago Nieto rechazó que la Unidad de Inteligencia Financiera sea utilizada para golpear a opositores, afirmó que no puede hacer alguna “valoración política” respecto a los requerimientos con los que cuenta y sólo entrega la información correspondiente a la instancia que así se lo solicitan.
“Mi competencia es recibir, analizar y diseminar información vinculadas con lavado de dinero a financiamiento o a terrorismo, si alguna autoridad del estado mexicano le solicita información a, particularmente a personas relacionadas con el caso de presa de Chihuahua o si me pide el gobierno de Chihuahua información sobre César Duarte, por poner un ejemplo, que no ha sucedido, tengo que actuar y entregar información a la instancia que me lo haya solicitado. Lo que no puedo hacer es una valoración política respeto a los requerimientos que tengo por parte de cualquier instancia del Estado mexicano”, expresó.
También rechazó que vaya por la gubernatura de Querétaro.
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