El retraso en el Senado para concluir la aprobación del llamado Plan B de la reforma electoral pondrá a contrarreloj a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la cual tiene hasta el 2 de junio para resolver bajo cuáles reglas se llevará a cabo la renovación de la Presidencia de la República en el 2024.
Sin embargo, el retraso para cumplir con el procedimiento legislativo también logró que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) finalmente fuera escuchado por el Legislativo, y el personal técnico y de campo expusiera los riesgos e impactos reales que los cambios de la reforma traería a las elecciones.
Previo a la reunión, MILENIO cuestionó al consejero presidente, Lorenzo Córdova, sobre esta posposición del asunto, quien señaló que confiaban en ser escuchados, aunque reconoció que la aprobación con estos cambios y riesgos, es inminente.
“Espero que generemos las condiciones de diálogo que hasta ahora no han estado presentes, el INE ya hizo un informe con datos concretos y lo hemos hecho llegar a todos los actores políticos, con la esperanza de que se dé una discusión.
“Esperaría que esas sean las razones que eventualmente están detrás de esto, que aunque entiendo, no es un retraso, son los tiempos legislativos para que se discuta en comisiones y en el Senado, pero que se tomen en cuenta nuestros puntos de vista meramente técnicos”, dijo.
Una vez que el Senado apruebe el Plan B que rediseña el sistema electoral, podrán desatarse una ola de impugnaciones, amparos y controversias, por considerar que esta reforma va en contra de la Constitución, atenta contra el avance de la democracia, y viola los derechos laborales de miles de trabajadores del INE y los político-electorales de la ciudadanía.
El artículo 105 de la Constitución indica que las leyes federales o locales en materia electoral deben promulgarse y publicarse por lo menos 90 días antes de que inicie el proceso electoral en el que pretendan aplicarse.
Como esta reforma apuesta a aplicarse en la contienda presidencial del 2024, el 2 de junio se cumplen los 90 días previos al 1 de septiembre, cuando inician los procesos electorales. Por ello, aunque el Legislativo sólo tendría como fecha límite este mismo 2 de junio para aprobar la reforma, ante las decenas de recursos que llegarán a la Suprema Corte es indispensable que concluyan la votación a la brevedad y el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ordene su publicación en el Diario Oficial de la Federación para que puedan resolverse.
De esta manera, la Suprema Corte tenga el mayor tiempo posible antes al 2 de junio para desahogar todos los recursos y definir si concede una suspensión, si resuelve de fondo y determina si en el 2024 aplican estas nuevas reglas o las que se encuentran vigentes hasta ahora; si la reforma es o no inconstitucional, así como qué es aplicable y qué no.
No obstante, en la Suprema Corte las recientes controversias presentadas en enero por el Instituto Nacional Electoral y por los partidos de oposición no han avanzado.
MILENIO confirmó que debido a un reajuste en el sistema de turnos para asignar los asuntos a las y los ministros, hasta ahora sigue en retraso la admisión de estos recursos en contra de la primera parte del Plan B, que se publicó a finales del 2022 y que contempla, entre otras cosas, abrir la puerta a la intervención del gobierno y de los funcionarios en los procesos electorales, considerándolo ahora, como libertad de expresión.
LP