El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador apeló la decisión del ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Alberto Pérez Dayán, de admitir 82 impugnaciones en contra de la primera parte del denominado Plan B de la reforma electoral.
De acuerdo con la última notificación pública en los registros del máximo tribunal del país, la Consejería Jurídica de la Presidencia, a través de su titular, María Estela Ríos González, interpuso un recurso de reclamación por cada una de estas 82 controversias constitucionales promovidas en contra de las reformas a la Ley General de Comunicación Social y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Se tratan de impugnaciones presentadas principalmente por municipios de entidades como Coahuila, Guanajuato, Estado de México, Michoacán, Nuevo León, Chihuahua, Puebla, Durango, Querétaro, Yucatán, Sonora, Campeche, así como de una alcaldía de la Ciudad de México, y el Instituto Nacional Electoral (INE).
Un ministro de la Corte será el encargado de elaborar un proyecto de sentencia en el que propondrá a sus compañeros si fue correcta o no la admisión a trámite de estas impugnaciones.
En los próximos días, la Consejería Jurídica de la Presidencia podría interponer más recursos de reclamación contra otras controversias constitucionales también admitidas a trámite por el ministro Pérez Dayán, encargado de este asunto.
Hasta este martes han sido presentadas 161 controversias constitucionales y siete acciones de inconstitucionalidad, de las cuales, Pérez Dayán decidió admitir a trámite 131 controversias constitucionales y seis acciones de inconstitucionalidad.