La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atrajo los litigios emprendidos por las hijas del extinto empresario Roberto Garza Sada contra Banco Santander, por supuestamente haber permitido la sustracción de 36.7 millones de acciones de Grupo Alfa de un fideicomiso.
De acuerdo con los antecedentes, los recursos pertenecen a un fideicomiso que fue aperturado en la institución crediticia en 1994. Hoy, la ministra Loretta Ortiz Ahlf propuso al Pleno ejercer la facultad de atracción de cuatro juicios de amparo, un recurso de inconformidad y tres recursos de reclamación. La propuesta fue apoyada con siete votos a favor y dos en contra.
Ahora, los recursos serán turnados a un ministro para que elabore proyectos en los que se analizarán los supuestos en que un Tribunal Colegiado puede prescindir del reenvío y resolver de fondo con base en el principio de mayor beneficio del artículo 189 de la Ley de Amparo.
Cabe mencionar que, en 2024, las hijas del empresario denunciaron al banco ante la Comisión de Valores de Estados Unidos por supuestos actos de corrupción.
También señalaron a la ministra Loretta Ortiz por un presunto tráfico de influencias, debido al desempeño que ha tenido en este asunto su yerno, el abogado Abel Chávez Salinas. Y es que, hace años, la antigua integración de la Corte determinó no atraer el asunto.
¿Qué se sabe del caso?
Luego de que Garza Sada falleció en 2010, las hijas señalaron que su hermano, Roberto, probablemente retiró el dinero del fideicomiso con firmas falsas de su padre. Por esta razón, iniciaron acciones legales contra él y Santander.
En 2014, la jueza Cuarta de Jurisdicción Concurrente del Primer Distrito Judicial en Nuevo León, Norma Patricia Marroquín Ayala, dictaminó que, al ser los principales accionistas de Santander, los hermanos Emilio, Ana Patricia y Francisco Javier Botín-Sanz de Sautuola y O'Shea debían pagar.
No obstante, la sentencia fue impugnada por los hermanos y el proceso continuó tanto en tribunales mexicanos como españoles. En mayo de 2021, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil con sede en Monterrey ordenó al Tribunal Superior de Justicia de Nuevo León condenar a Santander. La sentencia establecía que se debían restituir las acciones a María del Carmen, Viviana y Gabriela Garza Delgado.
Según los antecedentes, Roberto Garza depositó en Santander 36 millones 700 mil acciones del corporativo industrial, con un valor de 900 millones de dólares, que recibirían sus hijos María, Gabriela, Viviana y Roberto.