La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) conocerá y resolverá el caso más relevante de huachicol fiscal en el país y que presuntamente involucra al empresario Edgar Marín Meza Moreno, señalado por la Fiscalía General de la República (FGR) por contrabando de 21.5 millones de litros de diésel.
Por unanimidad, el Pleno avaló la propuesta del ministro Irving Espinosa Betanzo de atraer el recurso de queja interpuesto por el dueño de la empresa Impulsora de Productos Sustentables S.A.P.I.
Meza Moreno impugnó la decisión de un Tribunal Federal que dio entrada a un amparo promovido por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
El órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) impugnó la resolución del Tribunal Colegiado de Apelación del Séptimo Circuito que echó abajo la resolución de un juez de control que había vinculado a proceso al empresario.
Por la trascendencia del caso, el asunto fue atraído por el máximo tribunal de justicia, el cual resolverá si el SAT tiene legitimación para representar el interés fiscal de la Federación en delitos de contrabando o dicha facultad es exclusiva de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), tras la entrada en vigor de su reglamento interior.
¿Cómo se desarrollaba el caso?
En diciembre pasado el colegiado que tiene residencia en Veracruz revocó el fallo dictado contra el empresario por considerar que no se encontraba acreditado el requisito de procebilidad.
La decisión derivó porque la Fiscalía General de la República (FGR) antes de judicializar la carpeta de investigación debió otorgar intervención a la Dirección General Jurídica de Aduanas de la ANAM, por ser una cuestión que le compete al representar a la SHCP en su carácter de víctima u ofendido en el delito de contrabando que se encuentra previsto en el artículo 102 del Código Fiscal de la Federación.
El Tribunal señaló que el Administrador Central de Asuntos Penales y Especiales Tres de la Administración Central de Asuntos Penales y Especiales de la Administración General Jurídica del SAT presentó la declaratoria de perjuicio el 4 de mayo de 2020 y estaba legitimado para emprender acciones legales.
Sin embargo, la FGR judicializó la carpeta de investigación el 25 de julio de 2024, cuando ya había entrado en vigor el Reglamento Interior de la ANAM, es decir, el 1 de enero de 2022, misma que tuvo que conocer el caso.
“Máxime que la fiscalía al formular imputación expuso que se encuentra en la carpeta un dictamen en materia de contabilidad de 22 de febrero de dos 2023, emitido por la contadora, el cual confirma el perjuicio fiscal.
“Asimismo, para que la autoridad judicial citara a la audiencia inicial a quien tiene facultades para representar a la ofendida, lo cual no aconteció, pues se notificó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por conducto del Administrador Central de Asuntos Penales y Especiales, de la Administración General Jurídica, del Servicio de Administración Tributaria.
“Ante tales circunstancias, se advierte que la actuación del juez de control fue incorrecta; dado que, no se configuró el requisito de procedibilidad de la querella presentada contra la persona imputada. En ese sentido, la ausencia de dicho requisito implicaba un impedimento jurídico para que el juzgador analizara el marco fáctico y jurídico del caso, pues la querella es un requisito de procedibilidad para el ejercicio de la acción penal y, por ende, era imposible atender y, con mayor razón, tener por justificados los requisitos señalados en la fracción III del numeral 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales”, menciona el fallo del colegiado.
rdr