A tres meses de validar la transferencia de la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica (UIFE) del Gobierno de Nuevo León a la Fiscalía General de Justicia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) omitió notificar el fallo al Congreso del Estado.
La plataforma MILENIO-Multimedios confirmó que el estatus legal del organismo se encuentra en vilo o suspendido en el aire, situación que genera incertidumbre e inquietud.
Aún se desconoce si los aseguramientos o inmovilizaciones de cuentas de aquellas personas que se han visto afectadas por la norma que entró en vigor el 13 de febrero de 2024 quedan sin efectos o no.
Hasta el cierre de esta edición, la Oficialía Mayor del Poder Legislativo no ha recibido notificación alguna de la resolución del pasado 9 de febrero por parte de la Corte.
“Hasta donde recuerdo no nos han notificado, pero sí recuerdo las notas (informativas) que hubo cuando resolvió la Corte. Te confirmo que no nos han notificado”, señaló una fuente legislativa vinculada al caso, ya que el oficial Mayor del Congreso, Joel Treviño Chavira, no pudo ser contactado.
Por su parte, una fuente de la Fiscalía General de Justicia vinculada a este caso reveló que el Poder Legislativo local debe de notificar al órgano que encabeza el fiscal Javier Flores Saldívar, situación que está en interrogación, pues, todo permanece igual.
“Me dicen que la Corte tiene que notificar al Congreso la resolución de la controversia (sobre la transferencia de la UIFE a la Fiscalía), y el Legislativo a su vez notificar a Fiscalía. Te sugiero preguntar en Congreso”, remitió al reportero.
El 9 de febrero pasado, el Pleno de la Corte acordó que el Congreso de Nuevo León tiene facultades para crear una Unidad Especializada en Inteligencia Financiera.
Los ministros declararon procedente la reforma al Artículo 33 bis de la Ley Orgánica de la Fiscalía de Nuevo León.
No obstante, el fallo aclara que esta no debe ser la única autoridad para inmovilizar cuentas o valores del sistema financiero, dado que tanto la Federación como el Estado conservan dichas atribuciones.
Tras la resolución de la Corte, esta tendría efectos retroactivos, por tratarse de materia penal, es decir, deberían de dejarse sin efecto las incautaciones, confiscaciones, aseguramientos, inmovilizaciones o congelamientos de cuentas de aquellas personas que se han visto afectadas luego de que el Gobierno del Estado tomó el control de la UIFE.
El 15 de junio del 2022, el Congreso del Estado aprobó reformas al Artículo 87 de la Constitución local para que la UIFE fuera un órgano autónomo, y así su operación no dependa del ejecutivo estatal.
nrm