La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) prevé resolver los diversos proyectos y controversias relacionadas con el tema de la validez o invalidez de la prisión preventiva oficiosa dentro de los próximos dos meses, una vez que concluya el estudio interno del tema y la resolución de otros proyectos relacionados también con los procesos penales.
Autoridades de la SCJN confirmaron a MILENIO que, si bien los proyectos heredados por la anterior configuración de la Corte sobre prisión oficiosa no se encuentran listados actualmente, las ponencias de las distintas personas ministras ya se encuentran trabajando sobre la ruta de resolución de este tema.
Es un asunto, dice la Corte, que tiene una prioridad alta debido a la determinación que en su momento emitió la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), condenando a México por el uso de esa figura, y a que actualmente ya son más de cien mil las personas presas sin condena.
De acuerdo con lo informado por las fuentes del máximo tribunal, en los siguientes días el pleno discutirá algunos asuntos relacionados con la constitucionalidad o no de la suspensión de procesos penales cuando transcurre el plazo de días sin que se convoque a una audiencia.
“Apenas se supere este tema viene ya el análisis de los proyectos de prisión preventiva oficiosa. Vamos a tardar aproximadamente dos meses más en entrar en ese tema, pero ya se están reuniendo los secretarios y discutiendo sore el asunto”, dijo una de las funcionarias de una ponencia que está trabajando en el tema.
Simón Hernández, abogado de la organización Pena Sin Culpa que impulsa el análisis y resolución de los casos de prisión oficiosa tras la sentencia de la CoIDH, advirtió que un aspecto que se tendrá que resolver en las siguientes semanas, antes de que el tema pueda ser votado en el pleno, es la exclusión de las ministras Yasmín Esquivel y Estela Ríos en el análisis del tema.
“Estela Ríos por haber sido consejera jurídica y haber defendido la prisión oficiosa no puede claramente participar en la discusión de este tema. Deberá excusarse. Y en el caso de la ministra Yasmín Esquivel vamos a solicitar su recusación luego de que en la FIL del 2022 hizo comentarios en contra de Daniel García (cuyo caso dio pie a la resolución de la CoIDH) en donde lo refiere como culpable”.
Sentencia y proyectos
En enero de 2023, la CoIDH resolvió el caso García Rodríguez y otros contra México y determinó que el Estado mexicano era responsable de violar derechos a la libertad personal, la presunción de inocencia y las garantías judiciales de las personas afectadas.
Lo más relevante es que instruyó al Estado mexicano a modificar y eliminar la figura de la imposición de la prisión preventiva en automático (prisión preventiva oficiosa) y navegar hacia un esquema donde las prisiones preventivas solo se apliquen a partir del análisis caso por caso y de manera justificada.
A partir de ello, la SCJN, en su integración previa, elaboró diversos proyectos, entre ellos uno de la entonces ministra Margarita Ríos Farjat y otro del entonces ministro Mario Pardo Rebolledo, que a través de diversas rutas planteaban acotar o suprimir esta medida cautelar de encarcelamiento automático.
Sin embargo, la falta de acuerdo entre los ministros de la integración anterior del pleno, sumado a la disrupción que significó la promulgación y entrada en vigor de la reforma judicial, ocasionó que el tema quedara sin resolverse.
Mas de 100 mil presos sin juicio
De acuerdo con los datos oficiales del Gabinete de Seguridad, al cierre del año pasado la cifra de personas encarceladas de forma preventiva en todos los centros penitenciarios de país alcanzó las 106 mil 294. Es el registro más alto del que haya registro en cuanto a personas en prisión preventiva, por lo menos de los últimos 25 años.
La población penitenciaria en general del país experimentó un descenso entre 2015 y 2018 debido a la entrada en vigor del sistema penal acusatorio que, inicialmente, dificultaba el encarcelamiento de persona salvo casos justificados y en delitos de alta gravedad. Sin embargo, tras las reformas de 2019 que incrementaron de forma notable el catálogo de delitos de prisión preventiva oficiosa, la población general en los reclusorios comenzó a crecer de forma acelerada.
Cabe recordar que las personas que se encuentran en prisión preventiva no han sido enjuiciadas y, por lo tanto, no se ha emitido un veredicto respecto a si son culpables o no de los delitos que se les imputaron. Tampoco han recibido ninguna sentencia. Constitucional y legalmente, son personas inocentes privadas de su libertad.
IYC