Luego de que el gobernador Julio Menchaca Salazar revelara que se detectó una red de corrupción en seis municipios con desvío de recursos por más de 200 millones de pesos, el presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del estado, Julio Manuel Valera Piedras, señaló que se tienen que hacer las investigaciones correspondientes y llegar hasta las últimas consecuencias.
“Hay que esperar las investigaciones, yo creo que en todo lo que sean irregularidades se tiene que investigar y llegar a las últimas consecuencias, activar todo el órgano jurisdiccional que tiene que intervenir en este tipo de casos y atender los asuntos correspondientes”, sostuvo.
De acuerdo con el mandatario estatal la red de corrupción detectada, a 16 días de su administración, solo es la punta del iceberg pues apuntó que los presidentes municipales participaron con moches y aparentes gastos para covid-19, caminos y plantas de tratamiento de agua que no funcionan, sin embargo, no dio a conocer de qué ediles se trata, aunque mencionó que dos de ellos son de la región de la Huasteca.
Valera Piedras mencionó que la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo (ASEH) tendrá que hacer su trabajo como lo hace todos los años en la revisión de las cuentas públicas de los municipios.
“Es independiente y hace las auditorías a los municipios y le corresponde informar qué es lo que encuentra y a la vez también en términos de sus responsabilidades atender las que sean necesarias”, dijo el diputado.
Por su parte, el titular de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, Armando Roldan Pimentel, mencionó que la red de corrupción revelada por el gobernador del estado “aparentemente” es de este año 2022
Puntualizó que actualmente la Auditoría está revisando a los entes fiscalizados en su cuenta pública 2021, “sin embargo ya estamos allegándonos de los elementos para incluirlo en nuestra planeación del próximo año”.
Asimismo, respecto a si alguno de los seis municipios detectados en la red de corrupción resultara ser del Partido Revolucionario Institucional, Valera Piedras, quien también es presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, consideró que la ley es universal y en cada caso se tendrá que atender lo que dicten las autoridades, “ahí no hay colores ni partidos”.
El Código Penal para el Estado de Hidalgo establece que se impondrán de seis meses a cinco años de prisión y de 20 a 150 días multa, al servidor público que en el desempeño de su empleo, cargo o comisión otorgue indebidamente por sí o por interpósita persona, contratos, concesiones, permiso, licencias, autorizaciones, franquicias, exenciones o efectúe compras o ventas o realice cualquier acto jurídico que produzca beneficios económicos al propio servidor público, a su cónyuge, ascendientes o descendientes, parientes por consanguineidad o afinidad hasta el cuarto grado, a cualquier tercero con el que tenga vínculos afectivos, económicos o de dependencia administrativa directa, o socios o sociedades de la que el servidor público o las personas antes referidas formen parte.
O valiéndose de la información que posea por razón de su empleo, cargo o comisión, sea o no materia de sus funciones y no sea del conocimiento público, haga por sí o por interpósita persona, inversiones, enajenaciones, adquisiciones o cualquier otro acto indebido que le produzca algún beneficio económico al servidor público o a alguna de las personas mencionadas en la fracción anterior.