Los asambleístas de Tula de Allende acordaron en una reunión privada que el secretario general municipal, Jhordan Lara Cervantes sólo podrá tomar decisiones administrativas y financieras sobre gasto corriente en el breve periodo que estará al frente del gobierno tras la detención del alcalde Manuel Hernández.
En el encuentro a puerta cerrada 18 de los 20 asambleístas, abordaron la situación de la administración municipal, a raíz de la detención del presidente municipal la tarde del lunes como parte de un proceso legal en su contra.
Indicaron que a pesar de la falta del titular de la administración se debe mantener en operación el gobierno, por lo que seguirán el protocolo establecido y será el secretario municipal quien asuma las riendas como encargado de despacho de la presidencia durante un periodo máximo de 15 días.
Pero acotaron que durante el periodo que el funcionario se encuentre al frente del gobierno las decisiones financieras importantes, las políticas y las de la preservación de la gobernabilidad estarán a cargo de los asambleístas.
Mientras que diversos temas contemplados en el cabildo para aprobación serán enviados a comisiones y mesas de trabajo para su análisis, a fin de que los regidores conozcan a detalle el contenido de los puntos antes de aprobarlos.
La regidora Araceli Rivera Díaz pidió que se cambie la forma de gobernar, pues dijo que siete meses después de ejercidos los recursos económicos se les está solicitando a los asambleístas que aprueben, sin brindarles información completa, las adecuaciones presupuestales.
Externó que es obligatorio que antes de usar los recursos se hagan las modificaciones correspondientes o de lo contrario se está violando la ley, y señaló que precisamente el municipio enfrenta en este momento una situación grave en materia legal por este tipo de acciones, y por ello la regidora solicitó al encargado de despacho que presente la información detallada sobre los rubros que se modificaron.
También lamentó que a los regidores sólo se les presenten un día antes de su firma los contratos para que se aprueben, y para obligarlos a aprobarlos los amagan con supuestas penalizaciones por incumplimiento, y pidió que este tipo de acciones en detrimento de la población en general y del propio cabildo, se corrijan y se actúe bajo la ley.
El regidor Ricardo Baptista González, señaló que los miembros del cabildo deben corregir su actuación y exigir que antes de ejercerse los recursos económicos públicos, estos se presenten para su análisis y aprobación ante la asamblea.
Lo anterior para que no suceda lo mismo que con las observaciones no solventadas, y por las cuales en su momento los 21 integrantes del cabildo ya fueron citados a comparecer ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH); dijo que una situación así no se puede repetir nuevamente.