En 2018, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) erogó 65.1 por ciento menos de los 99 millones 556 mil pesos aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para la entrega de los subsidios a la población con hogares en situación de pobreza, como parte del programa destinado a la regularización de las propiedades ubicadas en asentamientos irregulares.
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De acuerdo con la segunda entrega del Informe de Cuenta Pública 2018 de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la dependencia tuvo un "inadecuado ejercicio y control de los recursos", pues aunque reportó que erogó 34 millones 766 mil pesos, "no demostró cómo con ello contribuyó a atender la existencia de hogares en asentamientos humanos irregulares sin certeza jurídica".
"Aún cuando la dependencia reportó la erogación de 34 millones 766 mil pesos para la dispersión de 3 mil 116 subsidios, 116 más que la meta, no tuvo la evidencia documental de ese hecho. Lo anterior se debió a deficiencias en la implementación de las siete etapas que integran el ciclo presupuestario, así como a la falta de vinculación entre éstas", externó.
La ASF destacó que entre las irregularidades detectadas se encuentran que en la planeación, la dependencia no acreditó que intervino en la realización del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018 y en la elaboración del Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (PSEDATU) 2013-2018.
Además, en la programación, hubo una inadecuada planeación que implicó un riesgo en su instrumentación, ya que la Sedatu no evidenció que en el anteproyecto del PEF 2018 incluyó las categorías programáticas referentes al tipo de gasto, fuente de financiamiento, objeto de gasto y entidad federativa, ni los elementos programáticos relativos a la misión, objetivos y metas "lo que implicó que la estructura programática no facilitara la vinculación con los documentos de programación de mediano plazo".
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"La Sedatu presentó inconsistencias en el presupuesto ejercido entre sus registros internos y lo reportado en la Cuenta Pública, debido a la falta de calendarios de presupuesto, ya que la dependencia no aseguró que ejerció el presupuesto con base en una programación; lo que denotó que no se tienen instrumentados sistemas de control presupuestario que promovieran el registro de información del gasto", dijo.
En su dictamen, la ASF generó 18 recomendaciones al desempeño y emitió oficios para solicitar la intervención del Órgano Interno de Control y de las autoridades recaudatorias.
"El valor de la fiscalización consiste en que la Sedatu modifique, reoriente o suspenda el programa, a fin de garantizar que la implementación de las siete etapas que conforman el ciclo presupuestario en la operación del programa, así como su vinculación, se constituyan en un proceso continuo de mejora para ejercer los recursos con eficacia y eficiencia para lograr el cumplimiento de su objetivo y sus metas", puntualizó.
RLO