Las carpetas de investigación de las 38 denuncias que se presentaron ante la Fiscalía General de la República (FGR) por uso ilícito de atribuciones y facultades que dejaron montos observados por 9 mil 500 millones de pesos en Segalmex, Liconsa y Diconsa, se están integrando bajo la óptica de delincuencia organizada, informó el titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Roberto Salcedo.
En la conferencia mañanera de Palacio Nacional, detalló que de 2019 a 2021 se realizaron 84 actos de fiscalización con montos observados por 6 mil 52 millones de pesos, mientras que en la Cuenta Pública 2020 se realizaron 22 pliegos de observaciones por 3 mil 465 millones.
“A la fecha se encuentran en la Fiscalía General de la República 38 denuncias presentadas por la Procuraduría Fiscal de la Federación, la Unidad de Inteligencia Financiera, la Secretaría de la Función Pública y la propia Fiscalía General de la República, por la presunta comisión de delitos que podrían haber ocasionado un daño patrimonial a Segalmex, Dioconsa y Liconsa.
“Las denuncias presentadas por las instancias gubernamentales están en etapa de investigación con miras a su judicialización. Principalmente, las denuncias son por el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades, y las carpetas de investigación se están integrando bajo la óptica de delincuencia organizada”, explicó.
Además, reveló que hay un servidor público vinculado a proceso por invertir en instrumentos de alto riesgo 950 millones de pesos, sin respetar la normativa vigente. Aseguró que el capital ya fue recuperado y se está buscando reintegrar los intereses generados.
“La SFP actúa como coadyuvante de las indagatorias vigentes en auxilio del Ministerio Público de la Federación, para la obtención de datos de prueba que permitan llevar los casos ante un juez”, subrayó.
En el ámbito administrativo, se tienen abiertos 618 expedientes para la investigación de presunta responsabilidad administrativa, de las cuales 38 están vinculadas con las denuncias presentadas.
Mencionó que resultado de las investigaciones se ha cesado a servidores públicos de áreas centrales y operativas en toda la República, sin menoscabo de las acciones legales y administrativas que resulten en su contra.
“Se ha renovado toda la estructura de mando. Los cambios de mando directivos y de personal de las tres entidades se enfocan a la integración de equipos de trabajo proactivos para mejorar los controles internos, la operación y la rendición de cuentas, así como para definir líneas estratégicas que permitan alcanzar los objetivos institucionales”, comentó.
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En tanto, el presidente Andrés Manuel López Obrador mencionó que esta investigación demuestra que su gobierno no es igual a los anteriores.
“No hay impunidad para nadie, ni para mis hijos, ni para mi familia, para nadie. El que cometa un delito y sobre todo un acto de corrupción tiene que ser castigado, sea quien sea”, dijo.
LP