En 2017, la Secretaría de Gobernación no acreditó haber llevado a cabo la supervisión de la realización de los atlas de riesgos de los municipios afectados por los sismos en ese año, para su incorporación al Atlas Nacional de Riesgos, "lo que implicó que, en ese conjunto de municipios, la política pública de protección civil siguiera siendo de carácter reactivo y no preventivo", de acuerdo con la auditoría 1679-GB, contenida en el informe de la Cuenta Pública 2017.
Además, el documento "Atención a la población afectada por los sismos" señala que sólo tres de los 699 municipios declarados por la Segob en estado de emergencia a causa de los sismo, tuvo un programa de Protección Civil, mientras que de las nueve entidades federativas afectadas por los sismos, el 44.4 por ciento (Chiapas, Ciudad de México, Morelos y Veracruz) contó con un Programa de Protección Civil Estatal.
En opinión de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en 2017, la Segob careció de los atlas de riesgos de 592 municipios afectados por los sismos del 7 y 19 de septiembre; no contó con cinco de nueve programas estatales de Protección Civil; dispuso de tres programas municipales en la materia, respecto al total de 725 y omitió la actualización de los ya existentes.
Tampoco desarrolló un plan de trabajo para el fortalecimiento de la normativa institucional sobre Protección Civil y sobre la suscripción de convenios, y no identificó el universo de instituciones de los tres órdenes de gobierno y organizaciones del sector público, privado y de la sociedad civil, con las que debió coordinarse.