En el primer día de las audiencias públicas sobre la minuta en materia de regulación de cannabis, convocada por las comisiones unidas de Justicia y de Salud de la Cámara de Diputados, el coordinador de asesores de la Secretaría de Gobernación, Jorge Alcocer Villanueva, expresó que con la legislación se busca una regulación estricta y adecuada, no se pretende promover el uso y consumo de cannabis.
Durante su participación expuso que se pretende que la producción destinada al mercado sea una actividad legal y no sujeta a penalizaciones pero, al mismo tiempo, se plantea que quienes no cumplan con las reglas sigan siendo sujetos de sanciones administrativas o penales.
Se necesita, dijo, que la reforma ayude a los productores rurales que han estado sujetos a la penalización y a un sistema prohibicionista. Además, que favorezca una nueva realidad para México y genere bienes públicos, bienestar y una situación que contribuya a la tranquilidad de las comunidades en el campo y en las ciudades.
Consideró necesario analizar el tema de los cigarros electrónicos que permiten la sustancia activa de cannabis, y planteó a la Cámara solicitar una prórroga para aprobar las reformas, a efecto de mejorarla.
En tanto, el ex diputado federal, Fernando Belaunzarán llamó a quitar la penalización del consumo, que los usuarios no pisen un Ministerio Público, ni sean perseguidos por las autoridades y que haya sanciones de manera administrativa, a efecto de reducir actos de corrupción, acabar con el mercado negro e incluir a los campesinos pobres, pues una sobrerregulación pondría barreras para los productores, “la despenalización efectiva es crucial”.
Por otra parte, Madelyn Guerrero Lugo, gerente de Asuntos Regulatorios de la Cámara Nacional de la Industria de Productos Cosméticos, resaltó que diversas investigaciones han demostrado que se pueden aprovechar las propiedades cosméticas de cannabis no psicoactivo y precisó que en la minuta no hay mucha certeza de que se permita el uso en fines de belleza; “debe hacerse explícita la autorización”.
El vicepresidente de la Concanaco-Servitur, Antonio del Hierro Lee, consideró necesario aprovechar el mercado de cannabis; contemplar las experiencias internacionales, en temas de exportación, investigación y control de calidad, lo que ayudará a que México sea más progresista, así como generar empleos, ingresos y oportunidades para todos.
Para Lisa Sánchez, directora general de México Unido por la Delincuencia, es fundamental que el Congreso de la Unión regule el mercado de cannabis, a fin de que las personas adultas tengan un acceso seguro a la sustancia, y debe ampliar el derecho al libre desarrollo de las personas consumidoras, “la minuta no cumple con todos los criterios que establece la Suprema Corte de Justicia”.
Tania Ramírez, directora del Programa de Política de Drogas en México Unido Contra la Delincuencia, resaltó que el dictamen no responde a las necesidades; no se cumple con el mandato de la Corte al no respetar el libre desarrollo de la personalidad y no regular de manera correcta, y además se “está creando un mercado totalmente para la industria, sin límites a la misma y que lo último que toma en cuenta es proteger a las personas”.
Martín Barriuso, en representación de la Federación de Asociaciones Cannábicas Pannagh-España, mencionó que las principales ventajas de un club social de cannabis es que desde el primer momento en que empiezan a funcionar, miles de personas “inmediatamente dejan de recurrir al mercado ilícito”, y al ser entidades sin fines de lucro, no hay interés de enriquecimiento o de incitar al consumo.
De la Federación de Asociaciones de Cannabis, Ana Afuera, sostuvo que “cualquier regulación será mejor que los devastadores impactos negativos de la prohibición y proporcionará más control”; pero si se articula teniendo en cuenta aspectos relativos a la seguridad, salud y derechos humanos, se pueden prevenir muchos impactos negativos e inesperados.
Raúl Martín Del Campo, director de planeación del Instituto Nacional de Psiquiatría, hizo un llamado a no precipitar la ley y estudiar con profundidad sus impactos. Estimó fundamental que se reconozca los efectos del consumo en exceso de la sustancia y despenalizar a los consumidores.
John Walsh, de Washington Office on Latin America, enfatizó que lo más importante en el diseño de la norma debe ser asegurar la inclusión y lograr justicia social y “no se puede hablar de esta si no hay un diseño que permita la inclusión de los más desprotegidos y que sufren la guerra por las drogas y la prohibición”.
Tom Blickman, coordinador superior de proyectos Transnational Institute, precisó que el dictamen establece disposiciones desproporcionadas y estimó que se deben evitar los monopolios y cárteles de las grandes corporaciones para que el mercado sea justo.
Estimó que para contrarrestar los monopolios valdría la pena considerar la posibilidad de establecer ciertos límites a la cuota de mercado que pueda tener una ampliación.
ledz