Las acciones legales en contra del ex director de Pemex, Emilio Lozoya, no tienen un fondo político sino un fondo jurídico, argumentó la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.
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“Nada, no hay fondo político, hay un fondo jurídico, ese es el fondo y es Estado de derecho el que se está privilegiando, que implica la autonomía de la Fiscalía e implica que el Gobierno no se meta en los procesos penales”, dijo la funcionaria.
Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador negó que se tratara de una venganza por parte del titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, luego de que fue despedido en la pasada administración por filtrar información sobre las investigaciones contra Lozoya, la secretaria de Gobernación respaldó esta versión.
Sánchez Cordero insistió en que ningún funcionario público puede intervenir en este tipo de investigaciones ni implicar cuestiones personales e insistió en que se trata de un proceso judicial que heredaron de la pasada administración y que no se podría suspender.
“Nosotros no podemos detener las denuncias en curso, la Auditoría Superior de la Federación, en muchos de estos casos, presentó formalmente la denuncia. Nosotros no vamos a poder detener ningún caso que esté en curso. No hemos entendido que ya la autonomía del Fiscal está siendo irrestrictamente respetada, esto no se daba antes, pero ahora sí.
“Tenemos instrucción expresa del Presidente de no intervenir y dejar la autonomía de la Fiscalía en manos del Fiscal y los procesos en curso son del Fiscal. Nosotros no vamos a intervenir, él (el fiscal) es el que es responsable de todas las investigaciones y de todo el curso del proceso, nosotros no vamos a respetar más que la actuación del fiscal”, aseguró.
La secretaria de Gobernador dijo que el Presidente estuvo enterado previamente de las acciones que se ejercería porque “debe tener conocimiento de todo lo que pasa en el país”, pero los detalles de las investigaciones sólo competen a la Fiscalía General de la República.
OVM