El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) determinó que la Secretaría de Gobernación (Segob) debe entregar la versión pública, de los contratos celebrados para implementar medidas de seguridad en el Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y de Periodistas.
El Instituto precisó que la versión pública de dichos contratos tendrá visible sólo el monto destinado a la implementación de dichas medidas de seguridad, sin mencionar los nombres de las personas protegidas.
Al presentar el asunto ante el Pleno, la Comisionada Norma Julieta del Río Venegas señaló que, a pesar de la importancia del trabajo que realizan los profesionales de la información, viven y desarrollan su labor periodística y de investigación en situaciones y condiciones precarias, lo que incluye bajos salarios, malas condiciones y el riesgo de sufrir violencia y persecución.
Del Río Venegas compartió que, de acuerdo con información señalada por “Reporteros sin fronteras”, en 2022, el país tiene el deshonroso título de ser el país más peligroso del mundo para ejercer la profesión del periodismo.
En tanto que, dijo, “la situación para personas defensoras de los derechos humanos en el país no es mejor; de acuerdo con datos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la violencia contra estos activistas en el continente se incrementó entre mayo y agosto de este año, con un alto número de asesinatos en varios países de la región”.
Luego de que un particular solicitara a Segob el costo mensual y anual de la renta de los botones de asistencia asignados a las personas beneficiarias y/o inscritas en el mecanismo; el presupuesto anual del 2019 al 2022, destinado al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos, desagregado por rubros presupuestales, Gobernación determinó la reserva de la información por un periodo de cinco años, bajo el argumento de que su divulgación haría identificables las medidas de protección
Inconforme con la clasificación de la información, el particular acudió al INAI a presentar un recurso de revisión, donde Segob reiteró su respuesta inicial.
En el análisis del caso, realizado por la ponencia de la Comisionada Norma Julieta del Río Venegas, se encontró que las medidas de protección para periodistas y defensores de derechos humanos varían en función de la finalidad y del grado de riesgo en el que se encuentran, y también cambian de conformidad con la ley que existe para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, donde se enlistan una serie de medidas y características específicas para el tema.
“La clasificación de la información por parte del sujeto obligado solo sería válida si esta permitiera identificar al periodista o defensor de derechos humanos protegido por el mecanismo. Dicho lo anterior, es necesario no perder de vista que la persona solicitante pidió únicamente conocer el monto que la Secretaría de Gobernación eroga por la renta de los botones de asistencia asignados a estas personas beneficiarias; nunca pidió ni solicitó la identidad de la persona física”, expresó.
Por ello, el INAI determinó modificar la respuesta de la Secretaría de Gobernación y le instruyó que proporcione, en versión pública, los contratos celebrados con el objeto de implementar medidas de protección en el Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y de Periodistas, donde deberán estar visibles solo las cláusulas que refieren sólo el monto destinado a la implementación de estas medidas, sin nombres de personas protegidas.
LG