La titular de la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia de la Secretaría de Gobernación (Segob), Paulina Téllez Martínez, informó quese han recibido mil 115 solicitudes de amnistía, de las cuales 760 están ligadas a delitos contra la salud.
Durante La Mañanera, la funcionaria dio a conocer que se implementarán mesas de justicia para revisar los casos en los que podría haber irregularidades. Éstas se instalarán en centros penitenciarios y atenderán a todos sin importar su situación económica o si cuentan con abogado.
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“Entramos al caso de amnistía; hemos recibido mil 115 solicitudes, 942 de hombres y 173 de mujeres, 67 de ellos son indígenas. De los datos relevantes que podemos compartir es que, de los mil 115 casos recibidos, 760 son delitos contra la salud”, dijo.
Téllez Martínez señaló que las mesas de justicia se implementarán a nivel local como federal, así como las defensorías estatales para ayudar a revisar los casos. Además, cuentan con un equipo de mujeres para atender casos de violencia de género, y hay un total de 21 en el país, para apoyar a las entidades que no tienen una fiscalía especializada.
Del mismo modo, la titular de la Unidad apuntó que, de las mil 115 solicitudes, ya se determinó que 175 delitos no proceden y 769 están en espera de información. Por ello, pidió tener paciencia para que las autoridades analicen su situación y recordó que las mesas de justicia “son manos amigas”.
“Cuando nos mandan su solicitud, a veces no nos ponen número de expediente, sólo ponen su nombre, pero no dan más información, no nos ponen ni bajo qué delito, entonces se tiene que iniciar un trabajo de investigación”, explicó.
Detalló que 183 solicitudes de amnistía son de Sinaloa; 158 de Baja California; 141 de Chiapas, entre otros. También, la funcionaria resaltó que las solicitudes pueden ser enviadas a través de la página amnistía.gob.mx
El presidente del Senado, Eduardo Ramírez, y Sánchez Cordero se reunieron en privado para hablar del tema. El legislador morenista recordó que en abril, para aminorar el riesgo de contagios por covid-19 en los centros penitenciarios, el Senado aprobó reformas a la Ley General de Amnistía para liberar a quienes no han cometido delitos graves y viven en condiciones de desigualdad o exclusión.
¿De qué habla la Ley de Amnistía?
De acuerdo con la Ley de Amnistía, se beneficiará a mujeres procesadas o sentenciadas en tribunales federales por aborto en todas sus modalidades, personas obligadas a participar en delitos contra la salud por sus condiciones de pobreza o por el crimen organizado y ciudadanos que portaban dosis pequeñas de drogas sin fines comerciales.
Asimismo, se beneficiará a indígenas que no recibieron una defensa acorde a su lengua y cultura, a presos por razones políticas y a aquellos que cometieron ilícitos menores sin violencia ni armas.
La amnistía se aplicará para dichos casos, cuando las personas no sean reincidentes, respecto del delito por el que están indiciadas o sentenciadas, y siempre que los ilícitos mencionados se hayan cometido antes de la fecha de entrada en vigor de este decreto.
Respecto del tema del aborto, se favorecerá a la madre del producto del embarazo interrumpido, a los médicos, cirujanos, comadronas o parteras, u otro personal autorizado de servicios de salud, que hayan auxiliado en la interrupción del embarazo, cuando la conducta delictiva se haya realizado sin violencia y con el consentimiento de la madre.
Sobre los delitos contra la salud, la amnistía será procedente cuando la persona que los cometió se encuentre en situación de pobreza o de extrema vulnerabilidad, tenga discapacidad permanente, o el ilícito lo haya realizado por indicación de su pareja sentimental, pariente consanguíneo, por temor fundado, o haya sido obligado por grupos de la delincuencia organizada.
La ley aplicará para las personas consumidoras que hayan poseído narcóticos en cantidades superiores, hasta en dos tantos, a la dosis máxima de consumo personal, y cuando no haya sido con fines de distribución o venta.
Se decretará amnistía a personas pertenecientes a los pueblos y comunidades indígenas que durante su proceso, por cualquier delito, no hayan accedido plenamente a la jurisdicción del Estado, por no haberles sido garantizado el derecho a contar con intérpretes o defensores que tuvieran conocimiento de su lengua y cultura.
Respecto al robo simple y sin violencia, se implementará el ordenamiento cuando no amerite pena privativa de la libertad de más de cuatro años, entre otros.
Con información de Silvia Arellano.
LP/ICC