El Senado analiza las vías jurídicas para echar abajo la reforma aprobada por el Congreso de Baja California para ampliar de 2 a 5 años el mandato de Jaime Bonilla, quien rendirá protesta en noviembre, pero hasta el momento no ha encontrado un elemento que permita dejar sin efecto la modificación.
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“Hasta el momento no hemos encontrado algún elemento firme que nos permita decir que el Senado pueda intervenir de tal o cual manera, o el propio Congreso. ¿Cuál es la ruta que se ve visible? Pues que algún partido político, si así lo decide, pueda presentar alguna acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte y ésta tendrá que resolverla”, dijo el presidente de la Mesa Directiva, Martí Batres.
De acuerdo con el legislador, los partidos políticos podrían presentar una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte o solicitar la realización de un juicio político contra los legisladores locales en la Cámara de Diputados.
Batres Guadarrama encargó análisis jurídico sobre el tema a distintas áreas para poder determinar “con precisión y sin especulación”, la forma en que el Senado puede atender la problemática y los debates internos o externos que se puedan suscitar.
En entrevista, el senador de Morena explicó que una vía sería la controversia constitucional.
“No hay elementos porque se plantea cuando hay invasión de facultades, es decir, cuando un órgano le toca tomar una decisión y otro órgano se mete, asume, toma decisiones en su lugar.
“No es el caso porque la modificación de plazos en los cuales dura un periodo legislativo local, un ayuntamiento o un periodo en una gubernatura corresponde a los congresos locales; entonces, no están invadiendo nuestras atribuciones, por lo tanto, no vemos una materia”, dijo.
El presidente del Senado dijo que otra de las vías jurídicas a la que podrían recurrir los senadores es la acción de inconstitucionalidad.
“El Senado no está señalado entre los actores que pueden intervenir en el terreno local y federal; pueden intervenir la Comisión Nacional de Derechos Humanos, un porcentaje de los senadores locales, las mesas directivas de los partidos políticos, la Consejería Jurídica del Gobierno Federal y, en los terrenos de procuración de justicia, la Fiscalía General de la República.
“No puede intervenir el congreso en materia local, no se ve clara que tengamos esa ruta”.
En el caso de la desaparición de poderes en la entidad, Batres dijo que debe ocurrir cuando no estén funcionando los tres poderes de un estado o haya violaciones graves a la Constitución.
“No hay falta de funcionamiento o violaciones generales de los tres poderes del Estado, se está cuestionando a uno de ellos, en las consultas que hemos hecho tampoco queda claro que podamos establecer la desaparición de poderes”.
El líder de Morena indicó que la desaparición de poderes podría aplicar sólo cuando el gobernante pretende durar más tiempo en el encargo al terminar su gestión y no convoca a una elección, “pero tampoco es el supuesto en este caso, ni siquiera ha tomado posesión el nuevo gobernante local”.
Batres comentó que se han mencionado otros recursos como el juicio político, la cual se interpone ante la Cámara de Diputados; ésta actúa como jurado de acusación y el Senado como jurado de sentencia.
“Si fuera el caso, quienes consideren que debe presentarse juicio político pueden acudir ante la Cámara de Diputados, hacer la acusación, y la Sección Instructora, la Comisión Jurisdiccional tendrá que emitir un dictamen y en su caso, ser aprobado por la Cámara de Diputados “.
Batres dijo que no cierran el análisis a pesar de que, hasta ahora, no han encontrado algún elemento.
OVM