El Pleno del Senado aprobó en lo general y particular, con 67 votos a favor y 30 en contra, las reformas a la Ley de Amparo para armonizar este ordenamiento con los cambios a la Carta Magna relativos al Poder Judicial, publicados en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 15 de septiembre de 2025. Se envió a la Cámara de Diputados, pero, ya cerró sus trabajos.
El presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Enrique Inzunza Cázarez, explicó que estas reformas materializan los objetivos de la reforma al Poder Judicial, consolidan un sistema judicial más eficiente, transparente e incluyente, y sientan las bases para impartir una justicia pronta, expedita y protectora de los derechos de las personas.
Con la reforma a la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política, se precisa la reducción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a nueve integrantes.
No obstante, se dispone en los artículos transitorios que hasta en tanto las ministras y ministros electos tomen protesta de su encargo ante el Senado de la República, el 1 de septiembre de 2025, la SCJN se regirá por las reglas de votación contenidas en la Ley de Amparo, vigente con anterioridad a la publicación del decreto.
En el artículo 73 se establece que, tratándose de juicios de amparo que resuelvan la inconstitucionalidad de normas generales, en ningún caso las sentencias que se dicten fijarán efectos generales.
También de adecua la terminología usada en el texto de la ley a los conceptos establecidos en el texto constitucional vigente, como Tribunal de Disciplina Judicial, Órgano de Administración Judicial (antes Consejo de la Judicatura Federal), entre otros, y se derogan las disposiciones relativas a las salas.
Asimismo, la iniciativa propone ajustar las disposiciones normativas empleando lenguaje incluyente, y se actualizan denominaciones vigentes como Ciudad de México (antes Distrito Federal) o Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares (antes Código Federal).
La asamblea también delibera sobre el dictamen por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución.
La propuesta está encaminada a armonizar la Ley en comento, con lo previsto en la reforma a la Carta Magna sobre la inimpugnabilidad de las adiciones o reformas a la Constitución Política, que fue publicada el 31 de octubre del 2024 en el DOF.
El objetivo es adecuar diversas porciones normativas al texto constitucional vigente, entre las que destacan: incorporar un lenguaje incluyente; establecer la posibilidad de que las partes reciban la notificación de una resolución por vía electrónica; se enfatiza que en ningún caso pueden dictarse suspensiones contra normas generales ni en acción de inconstitucionalidad ni en controversia constitucional.
Prevé que no procede la impugnación de adiciones o reformas a la Constitución Política, y se adiciona que en materia de controversias constitucionales estas son improcedentes cuando tengan por objeto controvertir adiciones o reformas a la Carta Magna.
La senadora del PRI, Claudia Anaya fijó su postura en contra, “no quieren que la gente pobre tenga justicia… todo lo que han venido diciendo es una narrativa falsa, en la legislación están haciendo exactamente lo contrario, y eso es una vergüenza, espero que se den cuenta y entren en conciencia de conque están haciendo. ¡Ya basta que le estén tomando el pelo a la gente! ¡Ya basta que se estén dando atole con el dedo entre ustedes! Están confundiendo la constitucionalidad o la disciplina partidaria con subordinación o con seguir a ciegas instrucciones”.
En su intervención el senador del PAN, Mario Vázquez dijo a los morenistas que “olvidan que son representantes populares y no empleados del gobierno, han hecho de nuestra Constitución y de nuestro marco jurídico un panfleto jurídico moldeado a conveniencia”.
El coordinador de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda adelantó su voto en contra y dijo que el mal diseño de “la mal llamada reforma constitucional al Poder Judicial es en realidad un capricho por disolver de facto uno de los poderes públicos y esto les ha obligado a generar una serie de reformas secundarias, cuyo único logro es confundir, generar incertidumbre en la sociedad sobre cómo va a operar el nuevo sistema de justicia. Hay muy poco que celebrar”.
LG