El pleno del Senado aprobó con 115 votos a favor y seis abstenciones, la reforma constitucional —enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum— que da fin a las llamadas 'pensiones doradas'.
De esta manera se busca eliminar el ingreso económico excesivo que reciben algunos ex funcionarios y ex directivos de empresas estatales y organismos públicos. Con ello, se prevén ahorros por 5 mil millones de pesos al año.
El dictamen fue turnado a la Cámara de Diputados para su análisis, discusión y votación.
¿Qué implica el fin de 'pensiones doradas'?
La reforma modifica el artículo 127 de la Constitución para que cualquier pensión otorgada en el país no supere la mitad del salario mensual de la Presidenta, es decir, aproximadamente 70 mil pesos mensuales.
La medida excluye únicamente a integrantes de las Fuerzas Armadas y algunos otros casos específicos permitidos por la ley.
A pesar de que todos los grupos parlamentarios respaldaron la iniciativa, los legisladores de oposición cuestionaron el alcance de la reforma y una posible retroactividad.
Mientras se dio la discusión, en los escaños del Salón de Plenos, Beatriz Mojica, de Morena, presentaba a sus compañeros a la cantante Mariana Seone, quien asistió como invitada de la legisladora.
Adiós a pensiones estratosféricas
El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Óscar Cantón Zetina, dijo que existen miles de personas recibiendo pensiones estratosféricas.
“El caso que está haciendo historia es el de una persona en lo que fue este que está ya liquidado, la Comisión de Luz y Fuerza que gana más de un millón de pesos al mes por su pensión, cuando es verdaderamente una muestra de un abuso de un interés meramente egoísta de una persona”.
Señaló que “la reforma que discutimos hoy tiene un propósito muy claro, poner orden en el sistema de jubilaciones pensiones financiadas con recursos públicos, no se trata de eliminar pensiones, se trata de garantizar el derecho de las personas trabajadoras a un retiro digno, simple y llanamente buscamos evitar que existan pensiones y jubilaciones desproporcionadas financiadas con recursos con dineros que pertenecen al pueblo de México”.
Al presentar el dictamen, Enrique Inzunza Cázarez, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, expuso que esta iniciativa busca que ninguna persona servidora pública pueda percibir una remuneración superior a la que corresponde a la persona titular del Poder Ejecutivo federal.
“Se establece que las jubilaciones o pensiones del personal de confianza a cargo de las empresas públicas del Estado, así como de los organismos descentralizados, en los tres órdenes de gobierno, no deberán de exceder de la mitad de la remuneración establecida para la persona titular del Poder Ejecutivo federal en el presupuesto correspondiente. Se prevé, en concurrencia con lo anterior, que ningún ordenamiento laboral podrá establecer límites superiores a los señalados”, señaló.
Además, dijo, se encuentran excluidas de este límite las pensiones a las personas integrantes de las Fuerzas Armadas, aquellas derivadas de aportaciones sindicales en sistemas de ahorro complementario, así como la pensión no contributiva prevista.
“En los artículos transitorios, se establece que, a partir de su entrada en vigor, todas las jubilaciones y pensiones no excluidas por la fracción cuarta del artículo 127 constitucional, incluidas las ya otorgadas y vigentes, deberán ajustarse al límite máximo previsto en dicha disposición. Se establece que la aplicación del decreto deberá realizarse con los presupuestos ya aprobados, sin autorizar ampliaciones ni incrementos en los gastos de operación”, añadió.
En su intervención, Alejandra Barrales, senadora de Movimiento Ciudadano, adelantó su voto a favor del dictamen para limitar las pensiones excesivas en el sector público, con el objetivo de contribuir a la justicia social. Sin embargo, advirtió que plantea riesgos importantes como la retroactividad.
“¿Por qué en este planteamiento se deja fuera a las Fuerzas Armadas, a los ministros, al Poder Judicial en su conjunto? Esta iniciativa deliberadamente excluye a las Fuerzas Armadas y a los ministros, es decir, al Poder Judicial, un Poder Judicial que por cierto aquí hemos escuchado reiteradamente en voz de la mayoría que le ha costado mucho al Estado, que ha sido muy oneroso para el Estado, pero que en esta iniciativa no se le toca ni con el pétalo de una rosa. Y por eso es que nos preguntamos: ¿a razón de qué es que los integrantes de estos poderes se dejan fuera del alcance de esta iniciativa?”, señaló.
Francisco Javier Ramírez Acuña, senador del PAN, dijo que “la discusión que hoy tenemos no es menor, se trata de determinar si el Estado mexicano mantendrá la coherencia con los principios constitucionales que él mismo ha reconocido o si permitirá que mediante reformas posteriores se alteren derechos previamente consolidados, afectando la confianza de las personas en la estabilidad del orden jurídico mexicano”.
Mientras que, la priista Carolina Viggiano expuso que “acaso esta reforma es resultado de las pelas internas dentro del gobierno, por qué durante todo el sexenio anterior se siguieron pagando esas pensiones doradas, no pueden decir que es descubrimiento reciente, en siete discusiones presupuestarias se autorizaron estos fondos, en las partidas del proyecto de Egresos de la Federación”.
“Esas pensiones no aparecieron de forma mágica, no es que hayan encontrado dentro de un cajón los contratos, lo que quizá sucede es que se usa una facultad reservada para estar cobrando traiciones políticas”.
Aquí puedes ver la sesión del Senado:
Los datos
Con la implementación de esta medida, el gobierno federal estima un ahorro aproximado de 5 mil millones de pesos, actualmente destinados a exfuncionarios con pensiones millonarias provenientes de organismos como la extinta Luz y Fuerza del Centro, Banobras, Pemex y Nacional Financiera.
Según datos oficiales, entre tres mil 404 y cinco mil 600 ex funcionarios y ex directivos de empresas estatales y banca de desarrollo perciben pensiones superiores al salario presidencial.
Algunas jubilaciones alcanzan montos de 100 mil hasta un millón de pesos mensuales, situación que motivó esta reforma constitucional.
Los principales emisores de estas pensiones son Pemex y CFE, con 544 y dos mil 199 pensionados, respectivamente, que superan el salario presidencial.
Otras entidades con casos relevantes incluyen Nafin, con nueve personas; Banobras, con 19 personas; y Bancomext, con 22 personas.
En total, se estima que cerca del 67 por ciento de unos 14 mil pensionados en ciertos organismos reciben ingresos superiores al tope presidencial.
IOGE