El Senado aprobó por unanimidad reformas a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, que obligarán al Poder Judicial a transparentar todas sus sentencias, con las que se pretende combatir los actos de corrupción entre jueces y magistrados, dado que sus decisiones serán públicas.
En el dictamen que se remitió a San Lázaro, aprobado con 72 votos a favor y ninguno en contra, el Senado sostiene que “la opacidad en la que opera el Poder Judicial es un asunto que debe ser considerado de gravedad. Si la sociedad no tiene acceso a las sentencias, no puede evaluar la forma en la que se imparte justicia, será imposible evitar que se emitan sentencias discriminatorias o detectar actos de corrupción, pues la labor de los juzgados se encuentra al margen del escrutinio ciudadano”.
Se hace notar que actualmente las leyes de transparencia obligan poner a disposición de la ciudadanía, sólo aquellas sentencias que sean consideradas de "interés público", dada la ambigüedad de este concepto el Poder Judicial se escuda en esta disposición para mantener la opacidad en su labor como juzgador.
Se asegura que la transparencia de todas las sentencias judiciales es un medio fundamental para combatir la corrupción en el Poder Judicial y exigir la rendición de cuentas sobre el desempeño de las funciones de jueces y magistrados, pues quien firma una sentencia debe saber que será objeto de escrutinio público.
En tribuna, el emecista y presidente de la Comisión Anticorrupción, Clemente Castañeda, resaltó que pareciera un paso menor, pero es fundamental para conocer la conducta de los jueces y magistrados del Poder Judicial, porque con esta modificación a la fracción II del artículo 73 de la Ley de Transparencia, en adelante todos los ciudadanos podrán saber porque recibieron un fallo a favor o en contra.
Hizo notar que al eliminar la restricción de que solo serán transparentes aquellas sentencias consideradas “de interés público” se borra el margen de discrecionalidad.
“Estaremos obilgando al poder Judicial Federal y todos los poderes judiciales estatales a que todas las sentencias sean consideradas de interés públicas y no es un asunto menor, vamos a reducir los márgenes de opacidad y habrá un mayor escrutinio público de los juzgadores”.
A su vez, la panista Xóchitl Gálvez aseguró que muchas veces se habla de la corrupción en el Poder Judicial y esta es la mejor manera de transparentar como actúa un juez, los tribunales.
“Porque cuando los impartidores de justicia sepan que sus sentencias serán públicas vamos desnudando un poco posible actos de corrupción al dar sentencias que no fueron apegas a derecho”.
Durante el debate, el pleno aprobó que además se fije en los transitorios un plazo de 180 días para que el Poder Judicial implemente esta reforma, una vez publicado el decreto; así como 180 días que el Congreso de la Unión y las legislaturas locales hagan las adecuaciones necesarias en la ley.
Con información de Silvia Arellano
AE