El senador del PRI, Mario Zamora, propuso que se cite a comparecer al titular de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), para que aclare las observaciones realizadas por la Auditoria Superior de la Federación (ASF) en el Informe General Ejecutivo de la Cuenta Pública 2021 y mencione las medidas que ha realizado a raíz de dichas observaciones, qué acciones ha implementado para el combate a la corrupción en dicho organismo; así como el estado que guardan las denuncias interpuestas ante la Fiscalía General de la República.
El legislador refirió que Segalmex fue creada para atender a la población más vulnerable de nuestro país, “sin embargo, esta dependencia se ha visto envuelta en varios señalamientos de corrupción, en total, esta dependencia y sus filiales Diconsa y Liconsa suman irregularidades por 15 mil 311 millones de pesos desde 2019”.
Además, recordó que investigaciones periodísticas han descubierto que en los años 2019 y 2020, la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de la Función Pública acusaban al ex director de Administración y Finanzas de otorgar contratos sin licitar, con un posible daño al erario de 8 mil 637 millones de pesos, operando al interior de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) y de la Segalmex, una presunta red de corrupción dirigida por el ex director de Administración y Finanzas acusado por ASF y la Secretaría de la Función Pública (SFP) de la entrega de múltiples contratos sin licitar, compras simuladas y gastos no acreditados por más de mil 500 millones de pesos durante su gestión de tan sólo un año.
En su año de fundación, a cargo de Ignacio Ovalle Fernández y de René Gavira Segreste, “sus irregularidades han sido de diversa índole, al tiempo en que también había incidíos de triangulación de recursos y lavado de dinero que se encuentran vinculados a la empresa Libre Abordo a favor de Nicolás Maduro, con la carencia de reglas de operación en Segalmex que permitió el manejo discrecional de los recursos de la dependencia, al tiempo de establecer una red de proveedores que mediante adjudicaciones directas, se hicieron de contratos multimillonarios, sin que mediara supervisión alguna, incluso del director general”.
En la revisión de la cuenta pública en 2020, añadió, Segalmex fue la dependencia con más irregularidades con un monto de 5 mil 640 millones de pesos, además de ser investigada por la Fiscalía General de la República y de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) por malos manejos, la venta y el envío de alimentos a Venezuela.
Por otro lado, en julio del 2021, la Unidad de Inteligencia Financiera abrió una investigación por las anomalías como las compras simuladas, desvío de subsidios, asignaciones a empresas fantasmas y demás faltantes de inventarios por cientos de millones de pesos, siendo que la Auditoría Superior de la Federación detectó en 2020 cerca de 9 mil millones de pesos cuyo destino no fue aclarado; en sus irregularidades suman una cantidad de 8 mil 636 millones de pesos, aumentando sus gastos en un 186 por ciento entre 2019 y 2020, hallándose deficiencias en la integración y registro de la información contable y financiera.
La Fiscalía Anticorrupción, encontró irregularidades de los cuales constan bonos bursátiles de 950 millones de pesos que fueron provenientes de recursos públicos, autorizados por René Gavira Segreste, exdirector de la Unidad de Administración y Finanzas de Segalmex y Liconsa, siendo que Liconsa firmó un contrato de intermediación bursátil el 20 de julio del 2018 con CI Casa de Bolsa SA de CV; en él, se especificaba que esta institución bancaria representara a la paraestatal en la compra, venta y administración de certificados bursátiles.
Asimismo, Segalmex firmó un contrato similar el 11 de febrero del 2020 y en junio del 2020, Gavira salió de Segalmex; fue entonces que la dependencia detectó el desfalco e inició con las gestiones necesarias para recuperar dichas inversiones ilegales.
Este caso de corrupción debe ser aclarado y, por ello “propongo invitar al titular de Segalmex a una reunión de trabajo a fin de que explique y aclare sobre los montos observados por la Auditoría Superior de la Federación, el estado que guardan las denuncias interpuestas e investigaciones”.
DM