La suspensión definitiva dictada por el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México a la Secretaría de Educación Pública (SEP) para llevar a cabo todos los trámites y gestiones a fin de garantizar que se realice la Prueba PISA en México en el 2025, fue atacada por la dependencia, informó la organización Educación con Rumbo.
Recordó que derivado del amparo 840/2024, presentado por esta organización, el Poder Judicial de la Federación ordenó mediante una suspensión definitiva a la SEP poner manos a la obra para participar en PISA , trámite que la dependencia encabezada por Leticia Ramírez Amaya, ya acreditó acatar, pues acreditó ante el Juzgado de Distrito encontrarse en el proceso para realizar el pago de 181 mil 216 euros a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico a fin de que la Prueba Pisa sea realizada.
El abogado constitucionalista de la firma Cuatrecasas Miguel Ángel Ortiz Gómez, de la organización Educación con Rumbo, refirió que el cumplimiento de la suspensión definitiva por parte de la SEP abona a la construcción del Estado de Derecho considerando que el derecho humano a la educación debe privilegiarse de manera corresponsable por las autoridades y sociedad civil.
Además, el abogado reconoció la labor del Poder Judicial de la Federación para salvaguardar el derecho humano más importante de los niños hoy en día en México: el derecho a la Educación.
Paulina Amozurrutia, Coordinadora Nacional de Educación con Rumbo invitó a la SEP y en particular, al equipo de transición de la virtual ganadora a la Presidencia de la República para trabajar de manera coordinada y corresponsable en el diseño del Programa Sectorial de Educación 2024-2030, refiriendo que “Educación con Rumbo pone a disposición de las autoridades toda la infraestructura técnica y humana a fin de trabajar de manera corresponsable en la construcción de las políticas públicas que México requiere en materia de educación”.
LG