El juez primero de distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México ordenó a la Secretaría de Salud (Ssa) y de Educación Pública (SEP), adoptar medidas que den certeza, así como dotar de insumos necesarios a las escuelas del país para prevenir contagios por covid-19 en niñas, niños, docentes y directivos.
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En el transcurso del día, las autoridades serán notificadas y, a partir de ese momento, contarán con 48 horas para emitir protocolos generales, obligatorios, emergentes y de duración indeterminada que complementen la Guía para el regreso responsable y ordenado a las escuelas.
Esta guía existe para establecer con certeza cuáles son los procedimientos a seguir en la prevención, detección, tratamiento y seguimiento de la pandemia en las escuelas, explicó la organización Mexicanos Primero.
La orden es resultado de una demanda de amparo presentada el 30 de agosto por Aprender Primero, brazo jurídico de Mexicanos Primero, acompañada del despacho de abogados Soledad y Carrasco.
En ella se reclama, entre otras cosas, que la SEP y la Secretaría de Salud no cumplieron cabalmente con la obligación de garantizar, conforme al orden constitucional, las medidas básicas para un regreso a clases seguro a todos los estudiantes del país.
De esta manera, el Juez de Distrito ordenó a las autoridades garantizar:
- Suministro de cubrebocas
- Termómetros
- Gel antibacterial
- Jabón y demás insumos para la prevención de contagios
- No dejar la responsabilidad a las familias y el personal de las escuelas
- Suministro de agua potable en las escuelas públicas y privadas del país sin excepción, incluso en el caso de que se argumente que no hay presupuesto para ello.
Lo anterior con base en la Guía para el regreso responsable y ordenado a las escuelas que emitieron las dependencias.
“La orden es contundente, hay un plazo fatal de 48 horas para emitir el nuevo protocolo y luego 10 días hábiles para emitir los nuevos controles del protocolo nuevo y en el interno. Lo que no tiene plazo es la obligación de proveer los insumos, cubrebocas y demás”, explicó Fernando Alcázar, del área de estudios jurídicos de Mexicanos Primero.
Añadió que esta orden será aplicable para más de 260 mil escuelas públicas y privadas de educación básica en el país.
David Calderón, representante legal y fundador de Aprender Primero, consideró que esta decisión significa un gran triunfo en el ejercicio y defensa del derecho a aprender de niñas, niños y jóvenes en las escuelas.
Explicó que esta acción permitirá no sólo que se garantice la infraestructura, protocolos y medidas para que puedan aprender seguros en las escuelas, sino también que, en la decisión de regresar a actividades presenciales, no recaiga en las familias el costo de materiales elementales; ni en maestros y directivos el manejo de la vigilancia y canalización en el campo de la salud.
“El regreso a las aulas, tan esperado y tan necesario, tiene que poner a las autoridades y esta decisión del Poder Judicial, así lo señala, sin dejar espacio a minimizarlo o restringirlo en su papel de titulares de las obligaciones, de manera que sus atribuciones de ley, su manejo de presupuesto, su función de hacer realidad los servicios obligatorios para los gobernados, garanticen que la vuelta a las escuelas signifique para cada niña y niño, y para sus familias y maestros, empezar seguros, con los elementos de confianza y de pertinencia que le corresponden” señaló.
scsa