El Servicio de Protección Federal (SPF) asumirá el control de la seguridad en la estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, informó la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez.
Esto, ante el proceso para revocar el contrato a la empresa Grupo de Seguridad Privada Camsa, encargada de las tareas de seguridad de la estancia del Instituto Nacional de Migración (INM) la noche en la que un incendio cobró la vida de 39 personas.
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"El SPF entrará con sus elementos para hacerse cargo del servicio en general", puntualizó la funcionaria federal en rueda de prensa desde Palacio Nacional.
Sobre Grupo de Seguridad CAMSA, la titular de la SSPC aseguró que se le revocarán los permisos, se le impondrá una multa y no volverá a dar servicio.
"Va a haber justicia y transparencia en el caso, se está yendo a fondo", sentenció. "Hay que revisar las instancias, no creo que todo tenga que ser inmóvil", agregó.
Sobre quiénes le entregaron el contrato a la empresa, Rosa Icela Rodríguez señaló que hay un caso de omisiones de servidores públicos de diferentes instancias, incluyendo de la propia SSPC.
"Hacen los contratos, los convenios, sin checar en qué consisten. Todo esto está llegando a una investigación a fondo, no se van a quedar las cosas así", añadió.
INM ignoró orden presidencial de no contratar seguridad privada: SSPC
El Instituto Nacional de Migración y otras dependencias del gobierno han ignorado la orden presidencial de contratar elementos del Servicio de Protección Federal en lugar de empresas de seguridad privada.
En conferencia de prensa, la funcionaria dijo que quienes se han negado argumentan que las empresas son más baratas que el servicio que ofrece la Secretaría que encabeza.
Y sin querer responsabilizar a alguien en particular, aseguró que son las áreas de recursos materiales las que se encargan de estos contratos.
“El señor Presidente dio la orden de que se contratara el servicio de protección federal casi desde el inicio de la administración, yo no estaba en la secretaría cuando se dio esa instrucción, entonces, no se acató.
La secretaria aceptó que existe resistencia por parte de las dependencias debido a que estas empresas son creadas por ex policías o ex integrantes de las fuerzas armadas que se alían con los servidores públicos.
Dijo que evidentemente se acelerará la revisión de las empresas privadas que ofrecen sus servicios en el país, especialmente las relacionadas al gobierno.
Sin embargo, evitó mencionar cuántas empresas “patito” existen.
“El tema es el mismo, hay muchos problemas, pero hay uno en especial a este caso y a otros, hay una empresa que consigue su registro y con ese registro trabajan de forma irregular, la empresa que tiene el registro digamos se registra o paga impuestos por cuatro elementos cuando tiene 500 aquí hemos dicho las irregularidades que suelen tener. Entonces hasta que no queda al descubierto hasta hoy si no es que tienen filiales y filiales eso es básicamente la problemática y es lo que se tiene que controlar”, puntualizó.
AMP