La Secretaría de la Función Pública (SFP) inició la segunda etapa de la Bitácora Electrónica de Seguimiento de Adquisiciones (BESA), en la que entrará en operación un sistema de monitoreo y supervisión de las contrataciones en el gobierno federal.
La BESA es una plataforma que comenzó a funcionar en octubre de 2021, con el registro obligatorio de los contratos cuyos montos ascienden a 15 millones de pesos o más, o su equivalente en moneda extranjera.
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Para ello, se sumaron a los lineamientos de la operación de la BESA los detalles para la participación de auditores, supervisores y comisarios de la SFP, los cuales se dedicarán a la consulta constante de la información que se registra en la plataforma.
Esas figuras son las de auditor, coordinador, supervisor y comisario, cuyas nuevas funciones fueron detalladas en el acuerdo publicado hoy en el Diario Oficial de la Federación (DOF), que modificó los lineamientos originales de la BESA, publicados el 1 de octubre de 2021.
Además, en el acuerdo de este viernes, se describen con detalle las responsabilidades del administrador del sistema BESA.
En un boletín, la dependencia detalló que en esta etapa se incluirá un sistema de alertas que detecte irregularidades durante el seguimiento a la ejecución de los contratos de adquisiciones, arrendamientos y servicios, desde su formalización hasta la recepción y pago de los bienes y servicios en las 549 unidades compradoras que actualmente existen.
De acuerdo con el documento publicado hoy, los servidores públicos con funciones de auditores serán los jefes de Departamento y auditores u homólogos; los supervisores serán los directores de área y subdirectores u homólogos; los coordinadores serán los oficiales mayores y los titulares de las Unidades de Administración y Finanzas, mientras que los comisarios serán las personas que ya tengan cargo de comisario por sector.
Todos ellos tendrán atribuciones de consulta en las instituciones del sector que les corresponda y generar reportes.
La SFP detalló que con la plataforma de la BESA se podrá detectar de manera oportuna cualquier desviación o anomalía en las contrataciones públicas que realiza la Administración Pública Federal (APF) y los entes públicos estatales y municipales.
Explicó que con estas dos primeras etapas se conforma un sistema de información integral que incrementa la capacidad de auditoría de las unidades fiscalizadoras, lo que fortalecerá la prevención, vigilancia, inspección y revisión de los procesos de contratación pública, y ayudará a definir el alcance de las revisiones y simplificar los ejercicios de fiscalización.
En la tercera y última etapa, que entrará en operación posteriormente, se generarán metadatos estadísticos, se emitirán reportes y se fortalecerán las alertas durante el desarrollo de los contratos.
La operación de la BESA se enmarca en el Programa Nacional de Combate a la Corrupción y a la Impunidad, y de Mejora de la Gestión Pública 2019-2024.
FLC