Beneficiarios de 60 programas sociales federales, que participan en los comités de Contraloría Social de la Secretaría de la Función Pública (SFP), supervisaron durante 2021 la correcta aplicación de 31 mil 441 millones de pesos.
De acuerdo con el Informe General de Resultados de Contraloría Social 2021, que dio a conocer la SFP, el año pasado se conformaron 62 mil 667 comités, en los que participaron 266 mil 724 personas que vigilaron 31 mil 441 millones 927 mil 874 pesos de recursos del ejercicio fiscal de ese año.
La SFP explicó que los comités de Contraloría Social son una forma de organización constituida por las personas beneficiarias de los programas federales a cargo de las dependencias y entidades del gobierno federal, que dan seguimiento y supervisan y vigilan la ejecución de dichos programas.
Además, están pendientes del cumplimiento de las metas comprometidas en éstos, así como de la correcta aplicación de los recursos asignados a los mismos.
Se trata de una facultad establecida en el Reglamento dela Ley General de Desarrollo Social.
En el reporte de la SFP se informa que en 2021 se aplicaron 92 estrategias de Contraloría Social a 60 programas federales de 42 dependencias y entidades.
Eso, detalló la SFP, significó la vigilancia de 74 mil 671 apoyos, obras y servicios y la realización de 51 mil 865 reuniones, así como el registro de 61 mil 903 informes de Comités de Contraloría Social.
La dependencia destacó la participación de 171 mil 595 mujeres y 95 mil 129 hombres en los comités.
Los comités de Contraloría Social son instrumentos de rendición de cuentas, para los que la SFP realizó 137 reuniones de asesoría y capacitación con personas servidoras públicas de instancias normativas, representaciones federales e instancias ejecutoras responsables de los programas federales.
Mediante la Contraloría Social, el gobierno federal promueve mecanismos de prevención de actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas, por lo que la impulsa como una herramienta que posibilita la participación ciudadana para la correcta aplicación del presupuesto, que inhibe el desvío de los recursos públicos federales y fortalece la transparencia y corresponsabilidad gobierno-sociedad, destacó la SFP.
JLMR