El secretario de la Función Pública, Roberto Salcedo, concedió facultades a sus subordinados para solicitar a las autoridades fiscales, bursátiles y fiduciarias toda la información considerada reservada y confidencial de empleados federales para poder realizar investigaciones del patrimonio del servidor público y de sus familiares.
En un acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) de este martes, el secretario compartió algunas de las facultades que la Constitución le da para solicitar a las instituciones de crédito, dentro del procedimiento de verificación, información y documentación relativa a las operaciones y servicios que pueden realizar los servidores públicos federales.
Esa información incluye la relacionada con operaciones de depósito, ahorro, administración e inversión de recursos monetarios y, en general, la considerada con carácter de reservada o confidencial, incluyendo la de sus cónyuges, concubinas o concubinarios y dependientes económicos directos.
El objetivo de habilitar al equipo de trabajo del secretario con estas facultades es optimizar y hacer más eficiente la investigación y sanción de responsabilidades administrativas, así como la de verificación de la evolución patrimonial de los servidores públicos.
Dichas facultades fueron delegadas, sin perjuicio de que el secretario pueda seguir haciendo uso de las mismas, a todos los titulares de las autoridades investigadoras contempladas dentro del organigrama de la Secretaría de la Función Pública (SFP).
Es decir, a todos los titulares de los Órganos Internos de Control Específicos; al titular del Órgano Especializado en Quejas, Denuncias e Investigaciones; a los titulares de Área de Especialidad en Quejas, Denuncias e Investigaciones, así como al titular de cada Unidad de Responsabilidades de las empresas productivas del Estado.
Además, también podrán hacer uso de esa facultad el titular de la Jefatura de la Unidad Investigadora; el titular de la Dirección General de Investigación de Faltas Administrativas; el titular de la Dirección General de Investigación Patrimonial y Forense; el titular de la Dirección General de Verificación Patrimonial.
El acuerdo de este 16 de julio complementa una modificación al Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública en el que atribuyó únicamente al Coordinador General de Gobierno de Órganos de Control y Vigilancia y al Coordinador General de Combate a la Impunidad, la facultad para solicitar a las instituciones de crédito o a las autoridades competentes, incluida la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la información fiscal, bursátil, fiduciaria o la relacionada con operaciones de depósito, administración, ahorro e inversión de recursos monetarios de los servidores públicos federales.
LG