En la Secretaría de la Función Pública (SFP) se detectan más irregularidades cometidas por servidores públicos mediante denuncias en su contra que a través de auditorías.
Más de la mitad de las mil 136 sanciones que la dependencia impuso en el primer semestre de 2022 a empleados federales derivaron de quejas y denuncias en su contra, de acuerdo con un boletín de prensa de la SFP.
La dependencia informó que durante la primera mitad del año aplicó sanciones administrativas a mil 97 empleados del gobierno federal y que algunos de ellos ameritaron más de una sanción.
Detalló que de las mil 136 sanciones aplicadas, 630 casos, es decir, el 55.45 por ciento, se originaron de quejas y denuncias, 496 por el incumplimiento en la presentación de la declaración de situación patrimonial y sólo 10 derivaron de auditorías.
Además, de total de sanciones, 464 son inhabilitaciones, 362 suspensiones, 204 amonestaciones públicas y privadas, 80 destituciones y 26 sanciones económicas que equivalen a un monto acumulado de 81 millones de pesos.
Las inhabilitaciones reportadas por la dependencia se consideran ya firmes y vigentes, precisó.
“Es posible que a una persona se le imponga más de una sanción. Las cifras de las sanciones impuestas pueden modificarse en atención a las anotaciones que se hacen en los sistemas, así como por los medios de defensa interpuestos en contra de ellas”, aclaró la Secretaría.
Las causas por las que las sanciones fueron impuestas son las siguientes: 586 por negligencia administrativa, 518 por incumplimiento en la presentación de la declaración patrimonial, 15 por violaciones en los procedimientos de contratación pública, nueve por ejercicio indebido de funciones en materia migratoria y ocho por causas diversas.
Sin embargo, la dependencia acotó que el registro de estas sanciones, por conductas consideradas como responsabilidades administrativas no graves, “quedarán registradas para efectos de eventual reincidencia, pero no serán públicas”.
Las sanciones fueron impuestas mediante los Órganos Internos de Control (OIC) y las Unidades de Responsabilidades de las empresas productivas del Estado.
La dependencia agregó que, con la entrada en vigor de la Ley General de Responsabilidades Administrativas (LGRA), la SFP se encarga de investigar y sancionar las faltas administrativas calificadas como no graves y el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) de las faltas consideradas graves.
De acuerdo con el Sistema Integral de Responsabilidades Administrativas, en el periodo referido, la SFP ha remitido 200 expedientes por faltas graves al TFJA, para la substanciación de los procedimientos disciplinarios correspondientes.
La dependencia también precisó que de acuerdo con el artículo 53 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, “las sanciones impuestas por faltas administrativas graves serán del conocimiento público cuando éstas contengan impedimentos o inhabilitaciones para ser contratados como servidores públicos o como prestadores de servicios o contratistas del sector público, en términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas”.
LP