El equipo encabezado por Gerardo Laveaga Rendón, el ex calderonista que ahora es titular de la Unidad de Transparencia y Políticas Anticorrupción de la Secretaría de la Función Pública (SFP), enmendó los lineamientos de acceso a la información del gobierno federal que había diseñado la ex secretaria Irma Eréndira Sandoval, y borró algunas de las disposiciones.
Laveaga, junto con Grethel Alejandra Pilgram, ex directora de Instrucciones Presidenciales de Felipe Calderón, ahora directora general de Transparencia y Gobierno Abierto de la SFP, modificaron la Política de Transparencia, Gobierno Abierto y Datos Abiertos de la Administración Pública Federal; un documento que fue elaborado por el equipo de Sandoval Ballesteros y que se publicó originalmente el 30 de junio del año pasado.
Entre las modificaciones realizadas, destaca la derogación de prioridades en la política, como la de fomentar las acciones de transparencia proactiva, que promuevan la generación de conocimiento público útil o los compromisos para que mandos superiores, mandos medios y enlaces de transparencia de las instituciones del gobierno federal reciban capacitación especializada en la materia.
También, borraron de entre las prioridades la de “publicar información que sea solicitada de forma recurrente o aquélla que propicie la rendición de cuentas, siempre y cuando sea adicional o complementaria a la que se difunde en la Plataforma Nacional de Transparencia” y la de “sensibilizar a las personas servidoras públicas sobre la importancia de los modelos de gobierno abierto”.
Del documento también desapareció el concepto de la “cultura de transparencia democrática expansiva”, que había sido acuñado por Sandoval Ballesteros, y la idea de acabar con “la transparencia burocrática y de relaciones públicas”, como le decía la ex secretaria a los eventos donde se firmaban, como mera pose, compromisos de transparencia.
Esos cambios fueron anunciados en el Diario Oficial de la Federación (DOF) hoy, en el que se publicó el Acuerdo por el que se reforman y derogan diversas disposiciones del Acuerdo por el que se emite la Política de Transparencia, Gobierno Abierto y Datos Abiertos de la Administración Pública Federal, publicado el 30 de junio de 2021.
Entre las disposiciones que se derogaron con el presente acuerdo están la parte en la que se define como un área de oportunidad “que todos los sujetos obligados de la APF se comprometan y cumplan con el Programa de Capacitación en Transparencia, Acceso a la Información, Protección de Datos Personales y Temas Relacionados del INAI, en el cual se incluya capacitación especializada para mandos superiores, mandos medios y enlaces de transparencia”.
Se borró también lo que establecía que “es necesario valorar la importancia de la obtención de los reconocimientos Institución cien por ciento capacitada y Comité de Transparencia cien por ciento capacitado, otorgados por el INAI, ya que con la obtención de los mismos se incentiva a que todo el personal de mando de los sujetos obligados sea capacitado y sensibilizado, respecto del marco de aplicación, sus principios, deberes y obligaciones en materia de transparencia”.
Además, con las modificaciones impulsadas por Laveaga desaparecieron los términos “evaluación” o “evaluar” y se sustituyeron por “dar seguimiento”.
Entre los argumentos que se exponen en el acuerdo publicado hoy en el DOF para desaparecer elementos de la Política de Transparencia, destaca la “necesidad de enmendar diversas partes de su texto, a efecto de simplificarla, facilitar su cumplimiento, y optimizar sus resultados”.
SFP: cambios facilitan aplicación
De acuerdo con la SFP, las modificaciones a la Política de Transparencia del gobierno federal se realizaron “con el objetivo de establecer un procedimiento ágil, sencillo y útil de la accesibilidad a la información pública de cada institución para el beneficio de la población”.
En un boletín de prensa, la dependencia explicó que con los cambios se busca que “los entes gubernamentales dispongan de los elementos para conducir el diseño, mejoramiento, innovación y actualización de sus áreas de transparencia y sitios web institucionales, que integren de una manera ordenada y sistemática la información pública que generan para que se encuentre a disposición de la ciudadanía”.
Detalló que los cambios se enfocan en los contenidos técnicos y administrativos de las acciones de transparencia en la gestión pública, gobierno abierto y datos abiertos.
“Las reformas se orientan a hacer factible la aplicación de dichos elementos en las estructuras operativas de las instituciones, conforme a lo previsto en el artículo 37, fracciones XXII, y XXIII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y en el Programa Sectorial de la Función Pública 2020–2024”, dice el boletín.
Precisó que “en cuanto a datos abiertos, en los mismos apartados de transparencia, es un requisito de la política contar con información pública al servicio de la población”.
La dependencia aseguró que, además de la participación en los compromisos y planes de acción en el marco de la Alianza para el Gobierno Abierto, se impulsará la implementación de modelos de gobierno abierto en las instituciones públicas.
“También está considerado como un requisito para los entes gubernamentales la integración de las bases de datos que producen con carácter de información pública, en formatos accesibles y reutilizables para la población que lo necesite”, expuso.
LP