SFP inhabilita y multa por 114.49 mdp a proveedores y contratistas

En los últimos seis meses, 97 licitantes incumplieron contratos o proporcionaron información falsa, detalló la Función Pública.

Oficinas de la Secretaría de la Función Pública. (Héctor Téllez)
Jannet López Ponce
Ciudad de México /

Por proporcionar información falsa o incumplimientos de contrato, la Secretaría de la Función Pública (SFP) impuso en los últimos seis meses 100 multas a 97 licitantes, proveedores y contratistas por 114.49 millones de pesos, así como inhabilitaciones que van desde los tres meses hasta los tres años con nueve meses.

En un comunicado, la Secretaría de la Función Pública informó que del 1 de enero al 30 de junio de 2022, se emitieron 100 sanciones por proporcionar información falsa en los procesos de contratación, por incumplimientos contractuales que causaron daños o perjuicios graves y por la no formalización de contratos adjudicados por parte de 97 licitantes, proveedores y contratistas de instituciones del gobierno federal o de entidades en las que estaban implicados recursos federales.

Las sanciones aplicadas mediante los Órganos Internos de Control y la Dirección General de Controversias y Sanciones en Contrataciones Públicas fueron 76 inhabilitaciones a 73 personas físicas y morales desde los tres hasta los tres años con nueve meses y un total de 100 multas por 114.49 millones de pesos.


La SFP aclaró que algunos de los 97 implicados tienen varias sanciones, dependiendo de la gravedad de las faltas.

La lista de implicados destaca que la mayoría de los casos y las multas e inhabilitaciones más altas, son por incumplimientos con el Instituto Mexicano del Seguro Social por considerar que se trata de afectaciones a personas que requieren atención inmediata y que la falta de cumplimiento causó graves daños al sistema de salud pública.

Recalcaron que esta Secretaría tiene como principal objetivo “ser el garante de la fiscalización, control interno, auditoría y vigilancia de la Administración Pública Federal, en el cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo y los programas que derivan de él, apegados a los principios de eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez, economía y legalidad”.

Y con este tipo de sanciones ayudan a “prevenir la corrupción, no permitir la impunidad y promover la eficacia gubernamental”.

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