La Secretaría de la Función Pública (SFP) presentó un anteproyecto de protocolo que podría aplicarse a todos los niveles de gobierno en el que se propone crear un canal virtual para transmitir los procedimientos de compras públicas en tiempo real y grabar las llamadas telefónicas y las reuniones previas a la firma de los contratos de adquisiciones de bienes o servicios.
En sesión ordinaria del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), Irma Eréndira Sandoval hizo la presentación de dicho anteproyecto y describió los ejes de su planteamiento.
“En este protocolo estamos incorporando las mejores prácticas internacionales para detectar situaciones de alerta y estamos integrando reglas que permitirán registrar las comunicaciones telefónicas previas, las reuniones virtuales o presenciales que se realicen alrededor de estos procedimientos y las visitas o actos públicos derivados de estos procedimientos a los cuales se les aplicará la obligatoriedad para los diferentes entes públicos de videograbar reuniones, visitas y actos públicos.
“Así como hay un canal judicial o como lo que se están generando en las nuevas tecnologías, de las reuniones virtuales, estamos aspirando a constituir una canal de compras y contrataciones, que las compras sean en tiempo real, que estén videograbadas, que esté todo mundo accesible a poder presenciar en tiempo real los procesos de adquisiciones”, detalló.
Sandoval entregó el documento a dicho comité para que sea enriquecido y en su caso, aprobado.
Dijo que se trata de un documento para sentar las bases de la regulación del contacto entre las personas servidoras públicas y los particulares que intervengan en los procedimientos de contrataciones públicas, los oferentes y contratistas.
Será una normatividad vinculante tanto para compras como para la entrega de licencias y permisos en todos los niveles de gobierno, desde el federal hasta el municipal, así como para todos los órganos autónomos.
Las autoridades responsables serán, por lo tanto, la Función Pública a nivel federal, y las contralorías locales, a nivel estatal.
Lo que se busca, dijo, es prevenir el conflicto de intereses entre los funcionarios públicos encargados de autorizar compras y los eventuales proveedores de los gobiernos, por lo que ambas partes deberán manifestar sus posibles conflictos de intereses y sus relaciones de negocios, laborales, familiares, personales y cualquier tipo de vínculo que pueda generar alguna alerta durante el procedimiento de contratación.
“En los protocolos en la materia que se emitían anteriormente, se establecían obligaciones no vinculantes, obligaciones que eran llamados a misa y por ende, las disposiciones quedaban en meras recomendaciones que nunca se cumplían y se convertían en papel mojado, en letra muerta”, dijo la secretaria.
El protocolo incluye formatos diferentes para personas físicas y morales. Con este instrumento, se podrá revisar y verificar que los particulares participantes, existan, y no se filtren empresas fantasmas.
jlmr