La Secretaría de la Función Pública (SFP) inhabilitó por tres años a Phoenix Farmacéutica e Intercontinental de Medicamentos, y las multó, a cada una, con un millón 350 mil pesos, por “engañar en licitación al Instituto Nacional de Neurología”.
La Dirección General de Controversias y Sanciones en Contrataciones Públicas determinó que las empresas, al concursar de manera conjunta en una licitación pública, falsearon la información sobre que la totalidad de su plantilla de personal estaba afiliada al IMSS.
Además, durante la prestación del servicio, presentaron cinco facturas por más de 15 millones de pesos para que se les pagara un servicio que no prestaron por más de cuatro meses.
Una de las sanciones fue publicada esta mañana en el Diario Oficial de la Federación.
La empresa Phoenix Farmacéutica, S.A. de C.V., proporcionó información falsa y actuó con dolo en el concurso de una licitación pública y la prestación del servicio contratado para el periodo de diciembre de 2017 a noviembre de 2020.
A partir de una serie de recorridos y visitas de inspección que la propia secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, realizó en febrero del 2020, se presentaron una serie de denuncias por parte del personal del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía “Manuel Velasco Suárez” por irregularidades en la prestación de manera ininterrumpida y oportuna del servicio integral de farmacia de dicho instituto, y la titular de la dependencia, en uso de sus atribuciones, determinó iniciar con la investigación que hoy ha concluido con esta sanción.
Tras un cuidadoso procedimiento sancionatorio, la Dirección General de Controversias y Sanciones en Contrataciones Públicas de la Función Pública determinó que en la licitación, Phoenix Farmacéutica, e Intercontinental de Medicamentos, que participaron de manera conjunta en la licitación, falsearon información al momento de concursar por el contrato, al señalar que la totalidad de su plantilla de personal estaba afiliada al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), lo cual no era cierto. Con ello violentaron la fracción IV del artículo 60 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
En apego a la norma, la Función Pública informó que se determinó que las empresas actuaron con dolo, pues tenían conocimiento de que no contaban con el personal suficiente para poder cumplir con el contrato y, además, presentaron cinco facturas para cobrar por el servicio que no prestaron durante más de cuatro meses, y por el que cobraron más de 15 millones de pesos.
Por tales razones, la Dirección General de Controversias y Sanciones en Contrataciones Públicas, respetando el derecho de audiencia de las empresas, resolvió sancionarlas con inhabilitación por 36 meses y multa resarcitoria por un millón 358 mil 820 pesos a cada una.
La Secretaría de la Función Pública también realiza las investigaciones correspondientes para determinar posibles faltas cometidas por personas servidoras públicas.
JLMR