En el actual sexenio, la Secretaría de la Función Pública (SFP) logró llevar a la cárcel a tres empleados federales, uno de ellos adscrito a la Presidencia de la República, acusados de enriquecimiento ilícito y peculado, y actualmente da seguimiento a 277 denuncias penales en las que acusó a más de 430 servidores públicos por presuntos delitos de corrupción.
De acuerdo con información obtenida por MILENIO vía transparencia, las tres sentencias condenatorias que logró la SFP derivaron de denuncias que presentó la dependencia ante la Procuraduría, y después Fiscalía General de la República (FGR) durante el primer año de gobierno y van de uno a dos años de prisión y decomisos de más de tres millones de pesos.
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¿Quiénes son los sentenciados?
Los tres sentenciados fueron Miguel Ángel Mendoza Guadarrama, quien trabajaba en la Presidencia de la República; Félix Alvarado Arellano, quien fue gerente de Petróleos Mexicanos (Pemex) Exploración y Producción, y José Roberto Romero Berumen, que era empleado del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (Infonacot).
A Miguel Ángel Mendoza Guadarrama, quien era jefe de Departamento de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios de la Presidencia de la República, en los primeros meses del actual sexenio, se le acusó de haber desviado, entre enero y abril de 2019, más de 300 mil pesos que tenían que haberse usado para abastecer de gasolina a los vehículos de la Presidencia.
Un juez federal con sede en el reclusorio Norte lo sentenció en junio del 2021 a un año y cuatro meses de prisión, inhabilitación de seis años y ocho meses, multa de 5 mil 660.83 pesos y reparación del daño por 354 mil 691 pesos.
Su caso fue dado a conocer por MILENIO en noviembre de 2021, cuando la SFP lo citó mediante el Diario Oficial de la Federación para una audiencia en el proceso administrativo que se le siguió de manera paralela a la denuncia penal que se presentó ante la FGR en su contra desde el 8 de mayo de 2019.
En el edicto, la SFP detalló que Mendoza Guadarrama hizo una utilización indebida de 12 tarjetas electrónicas con chip, generando 358 dispersiones de dinero y cargos de combustible en beneficio de personas ajenas a la Presidencia de la República.
Viejo lobo en Pemex
El 12 de diciembre de 2018, es decir, apenas 11 días después de que inició el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la SFP acusó ante la FGR a Félix Alvarado Arellano por el delito de enriquecimiento ilícito, por actos cometidos cuando fue gerente del yacimiento Ku Maloob Zaap, de la Sonda de Campeche, cargo que desempeñó entre abril del 2009 y marzo de 2013.
El 22 de septiembre de 2023, el Centro de Justicia Penal Federal con residencia en San Francisco Campeche, le dictó sentencia condenatoria de dos años de prisión, multa de 20 mil 187 pesos, disculpa pública y pago de 868 mil 811.44 pesos por concepto de reparación del daño.
De acuerdo con los registros de la SFP, Alvarado Arellano entró a trabajar a Pemex Exploración y Producción al menos desde 1992, como técnico B en la Gerencia de Producción de la Región Sur y desarrolló una carrera que incluyó varias gerencias de producción hasta que, en enero de 2017, se retiró de la petrolera con el cargo de subdirector de Producción de Campos Terrestres, con sede en Tabasco, cargo que ostentó desde septiembre de 2015.
El servidor público había sido señalado en prensa nacional y local por presuntamente otorgar contratos de la petrolera mexicana a empresas que no tenían la capacidad técnica ni financiera para ser proveedoras.
Decomiso millonario
A José Roberto Romero Berumen se le acusó de enriquecimiento ilícito cuando se desempeñó como analista delegacional de la Dirección Plaza Tlalnepantla y Dirección Plaza Vallejo del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores.
La SFP lo denunció penalmente el primero de noviembre de 2019 ante la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción y casi un año después, el 6 de diciembre de 2022, un juez de distrito con sede en el Centro de Justicia Penal Federal del reclusorio Norte lo sentenció a un año seis meses de prisión, la inhabilitación por el mismo periodo, multa de 5 mil 661.74 pesos y decomiso de 3 millones 192 mil 336.46 pesos.
¿Cuántas sentencias hay en la mira?
La información proporcionada por la SFP revela que, aunque únicamente se han logrado tres sentencias condenatorias por acusaciones promovidas en el actual sexenio, hay 277 denuncias en curso ante la FGR, que se radicaron en la Oficina del Fiscal Alejandro Gertz Manero o en la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción, que encabeza Luz Mijangos.
Dichos expedientes involucran al menos a 436 servidores públicos federales de diferentes instituciones del gobierno de México.
Las denuncias con más personajes implicados son al menos tres: una que la SFP presentó en diciembre de 2019 en contra de 11 empleados de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y otras dos en las que se implica a nueve trabajadores cada una.
Una de ellas fue presentada el 25 de octubre de 2019 contra nueve empleados de la Comisión Federal de Electricidad y otra, promovida el 26 de agosto de 2022 contra nueve empleados del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin).
En todos los casos, se les acusa de uso ilícito de atribuciones y facultades y están en proceso.
RM