Irma Eréndira Sandoval, secretaria de la Función Pública, reprochó que funcionarios del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), promovieron juicios de amparo en contra de los nuevos formatos de declaraciones patrimoniales por considerar que los datos públicos de su patrimonio transgreden sus derechos y garantías.
“Vemos con asombro que muchos de estos juicios, una gran parte de ellos, han sido promovidos por personal de organismos públicos autónomos e inclusive por instituciones, esto es lo llamativo y que quiero subrayar, instituciones que anteriormente fueron promotores de la llamada Ley 3de3, las llamadas leyes que auspiciaban la transparencia, como es el caso, para dejarlo muy explícito, del Centro de Investigación y Docencia Económica, CIDE, donde nuestro contralor ha dado cuenta de la gran cantidad de juicios de amparo al respecto de esta obligación, constitucional inclusive”, dijo Sandoval.
Al participar en la tercera sesión ordinaria del 2020 del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), la secretaria dijo que respeta el derecho de todos los ciudadanos a defender lo que consideran sus intereses, pero dijo que “no obstante, creemos firmemente que por encima de cualquier interés personal o particular está el interés superior, público, el interés del bien común”.
Argumentó en favor de los formatos y dijo que si bien hay publicidad de cierta información del patrimonio, no es de toda.
Sandoval aseguró que “como servidores públicos, nos corresponde ser ejemplo de transparencia, de honestidad y de integridad; debemos recordar a todos que es nuestra obligación promover y hacer valer los principios y valores de centralidad que son la transparencia y que rige el servicio público siempre en servicio de la sociedad”.
La funcionaria comentó que estos juicios de amparo responden a “inercias del pasado”.
“El camino es largo, que lo viejo no termina de morir y lo nuevo no acaba de nacer, pero creo que es tiempo de dar el primer paso, de hacer un llamado a crear las condiciones necesarias para que esta obligación de rendir cuentas, evidentemente protegiendo toda nuestra privacidad, pero dejando claro que no se puede uno quedar atrás en la conformación de la nueva ética pública, tiene que estar en el centro”.
Al respecto, Loretta Ortiz Ahlf, representante del Consejo de la Judicatura Federal ante el SNA, manifestó que urge definir a quién le corresponde la representación jurídica del sistema para responder a esos juicios de amparo.
jlmr