Al menos 38 por ciento de los programas sociales administrados por dependencias federales y 50 por ciento de los que son operados por gobiernos estatales no cuentan con instrumentos que prevengan los delitos electorales, tales como el condicionamiento de apoyos y la compra y coacción del voto, de acuerdo con un estudio del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y Transparencia Mexicana (TM).
Las organizaciones trabajan desde 2009 en la Iniciativa para el Fortalecimiento de la Institucionalidad de los Programas Sociales, que evalúa los lineamientos normativos, mecanismos de transparencia, rendición de cuentas, control, fiscalización y participación ciudadana de las políticas sociales.
En un autodiagnóstico realizado por los servidores públicos responsables de los programas sociales de los tres niveles de gobierno se encontró que hay una “ausencia de determinados atributos que pueden proteger la integridad de los apoyos, como la selección socioeconómica de los beneficiarios, la fiscalización de recursos y la prevención de delitos electorales”.
La evaluación se hizo sobre 42 intervenciones para el desarrollo social implementadas por 13 dependencias federales; 469 fueron aplicadas por 24 entidades federativas y 12 por tres delegaciones capitalinas y un municipio durante 2018.
El ejercicio abarcó hasta abril pasado y detectó que “un elevado porcentaje de programas y acciones para el desarrollo social no recaba información socioeconómica para determinar la elegibilidad de los beneficiarios, a pesar de decir que tienen criterios de selección”.