En el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) hay una pieza que pende como si fuera un diente flojo: El Comité de Participación Ciudadana (CPC), que encabeza al sistema por ser la representación de la sociedad civil, el cual opera con apenas uno, Jorge Alberto Alatorre Flores, de los cinco ciudadanos que deberían integrarlo.
Los otros cuatro miembros del CPC han salido por renuncias o por la conclusión de su encargo y aunque a la salida de cada uno de ellos debió haberse nombrado a su respectivo reemplazo, la instancia encargada de nombrarlo, la Comisión de Selección, ni siquiera existía.
A la Comisión de Selección debió designarla el Senado de la República desde octubre de 2019, pero pasaron los meses y no lo hizo y aunque hoy ya está integrada, todavía no ha emitido la convocatoria para completar el CPC.
Así, si hoy renunciara el único integrante del CPC y el componente ciudadano del SNA desapareciera, el sistema corre el riesgo de perder legitimidad, dice Alatorre, profesor investigador de la Universidad de Guadalajara, quien descarta que piense dejar el comité, pues se trata de una convicción personal.
“El riesgo siempre está, pero aquí estaremos exigiendo que esto no ocurra”, afirma en entrevista con MILENIO.
“SNA, en estado vegetativo”
Para Edna Jaime, quien fue presidenta de la Comisión de Selección anterior, la cual concluyó sus funciones en octubre de 2019, asegura que el Senado se contagió de la indiferencia del actual titular del Poder Ejecutivo por el SNA, surgido de la reforma anticorrupción del sexenio pasado, el de Enrique Peña Nieto.
“Tiene que ver, por supuesto, con que el Presidente de la República no le haya dado nunca un espaldarazo al SNA, no lo considera un instrumento idóneo (…); este poco entusiasmo del Presidente hacia el SNA contagió a su partido, a Morena, en el legislativo y a otros legisladores que creyeron que podía posponerse la integración de la Comisión de Selección”, aseguró la académica en entrevista con MILENIO.
Ante tal indiferencia, añadió, la Comisión de Selección no cumplió con su trabajo en el engranaje del SNA, el cual, ante la falta de una de sus piezas, parece estar en estado vegetativo.
“El CPC tiene apenas uno de sus cinco integrantes y está haciendo lo que puede, pero está muy atorado todo lo que tiene que ver con el SNA y eso lo llevó a un estado vegetativo, que ojalá pueda superar”, advierte.
Un amparo obligó al Senado
Ante la inacción del Senado y previendo que la situación no mejoraría por sí sola, en agosto de 2020, el CPC, cuando todavía tenía tres integrantes, promovió un juicio de amparo para obligar a los senadores a cumplir con su responsabilidad.
“En la Comisión Anticorrupción del Senado había senadoras y senadores que hacían el vacío a la presidencia de la Comisión -entonces encabezada por Clemente Castañeda-, la cual convocaba y se hacía el vacío para que no hubiera quórum y así no hubo nombramientos”, explica Alatorre.
Un juzgado federal les dio la razón y obligó al Senado a nombrar a los nueve integrantes de la Comisión de Selección, que después de varios meses, terminó de integrarse en marzo de este año.
La nueva Comisión de Selección está integrada por Elizabeth Zoria León, Mauricio Reyna Lara, María de los Ángeles Estrada González, Aarón Aurelio Grageda Bustamante, Adán Córdova Trujillo, Armando Hernández Cruz, Mónica María del Rosario Barrera Rivera, Miguel Ángel Vázquez Plascencia y Pablo Armando González Ulloa Aguirre.
Esta Comisión de Selección está por emitir la convocatoria para designar a los cuatro miembros faltantes del Comité de Participación Ciudadana.
Ahí es donde se abre una nueva expectativa: que las personas a las que se nombre para el CPC verdaderamente sean ciudadanos profesionales e independientes de cualquier poder, ya sea político o fáctico.
Y en eso, un grupo de organizaciones de la sociedad civil, integradas en el colectivo #PerfilesIdóneosYa ha puesto el ojo para vigilar esas designaciones.
¿Qué es el Comité de Participación Ciudadana?
El Comité de Participación Ciudadana (CPC) encabeza el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) porque, en teoría, éste se debe a los ciudadanos; preside el Comité Coordinador, en el que coinciden las otras seis instituciones del sistema: la Auditoría Superior de la Federación, Consejo de la Judicatura Federal, Fiscalía Anticorrupción, Secretaría de la Función Pública, Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y el Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
Dicho CPC es una instancia surgida con la reforma anticorrupción del 2015, que tiene como finalidad ser los ojos de la sociedad sobre esas seis instituciones públicas encargadas de prevenir, denunciar y sancionar la corrupción en México.
Debería estar compuesto por cinco ciudadanos independientes de cualquier interés político o privado, pero hoy sólo hay uno, Jorge Alberto Alatorre Flores, quien, por convicción, se mantiene dentro del mismo, en espera de que se nombre a sus compañeros.
El primer CPC estuvo integrado por la académica Jacqueline Peschard, quien fue su primera presidenta, Alfonso Hernández Valdez, José Octavio López Presa, Mariclaire Acosta Urquidi, Rosa María Cruz Lesbros, Irene Levy Mustri y Luis Manuel Pérez de Acha.
El diseño del comité establece que cada uno de ellos lo presidirá un año y después saldrá del mismo; sin embargo, Levy y Pérez de Acha renunciaron antes de concluir su periodo.
Y aunque conforme fueron saliendo, debieron ser reemplazados, el único reemplazo que llegó fue Jorge Alatorre, quien hoy está solo.
“Definitivamente, no es lo mismo dividir el trabajo entre cinco que entre uno, y esto efectivamente representa un reto para poder llevar adelante la agenda”, dice Alatorre en entrevista.
Aun así, dice, él solo ha asumido el trabajo de impulsar la implementación de la Política Nacional Anticorrupción y de echar a andar programas para poder combatir la impunidad y la corrupción, uno como la declaración 3de3 que se exigió a candidatos a diputados federales en el pasado proceso electoral.
¿Cómo debe ser el nuevo Comité de Participación Ciudadana?
Integrantes del colectivo #PerfilesIdóneosYa, que vigila las designaciones de diferentes instituciones públicas, aseguran que el proceso de selección del nuevo CPC debe ser tan pulcro, que no deben caber dudas de la idoneidad de los nombramientos.
“Que se garantice que lleguen perfiles, insisto mucho, totalmente autónomos, porque al inicio de la conformación de muchos sistemas estatales anticorrupción, nos dimos cuenta que había muchos integrantes que no tenían la experiencia y además, muchos estaban relacionados con la función pública, con ciertos partidos y ponerlos a cargo de este enlace de la sociedad civil con el sistema anticorrupción pone en riesgo su credibilidad y su funcionamiento”, dice Marco Antonio Zamarripa, integrante del Consejo Cívico de Instituciones de La Laguna, una organización ciudadana del estado de Coahuila.
“Un ingrediente super importante es precisamente que el proceso sea llevado de una manera tan transparente que no haya lugar a dudas de que se están escogiendo a las mejores personas porque cumplen con todos los requisitos que establece la ley, uno de ellos es precisamente que vengan de la sociedad civil”, añade Amparo Menchaca, del Consejo Cívico de Instituciones de Nuevo León.
La profesora Edna Jaime, por su parte, afirma que el CPC que se nombre debe tener un perfil estratégico ante el contexto que vive el SNA.
“Deben de tener muy claro el contexto, no están tomando una decisión en el vacío, están tomando una decisión en un momento político determinado, en un contexto determinado. Yo creo que es muy importante considerar ese contexto e identificar qué tipo de perfiles sería necesario para volver a impulsar la agenda anticorrupción en el país y el SNA”, asegura.
JLMR