El comisionado presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), Adrián Alcalá, informó que todavía no existe fechas agendadas para tener reuniones con la titular de la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, y así comenzar la transición de las funciones de una a otra institución.
En la primera sesión pública del año del INAI, las comisionadas y el comisionado fijaron un posicionamiento en el que aseguraron que se mantendrán en operación en tanto no se publiquen las leyes secundarias que definirán cómo será el nuevo modelo de garantía al derecho de acceso a la información.
En la sesión, la comisionada, Julieta del Río, aclaró que el presupuesto destinado al INAI para el 2025 no contempla el pago de liquidaciones, ya que no existe un monto fijado del que podrían costar los eventuales finiquitos de los trabajadores del Instituto y que, además, tampoco se cuenta con un despacho de abogados ante los posibles despidos.
“Los recursos que nos fueron asignados para este ejercicio, que ustedes saben que fueron 499 millones 990 mil pesos, no se pueden destinar a liquidaciones. Será hasta la consolidación del proceso de extinción del INAI que se analizarán las alternativas de retiros en los casos que corresponda”, dijo.
Asimismo, Del Río Venegas dio a conocer que, el lunes, los cuatro integrantes del pleno del INAI enviaron un oficio formal a la secretaria Buenrostro a fin de agendar una reunión y que se establezca el diálogo que se requiere para una transición clara y ordenada.
“En días pasados, una periodista acusó que la secretaria Buenrostro habría incumplido mesas de trabajo; eso es falso, porque el pleno del INAI nunca acordó mesas de trabajo”, añadió.
Por su parte, Adrián Alcalá precisó que, el 10 de diciembre, fue convocado a una reunión en la Secretaría Anticorrupción, donde únicamente se detalló que la transición será escalonada, pero aseguró que no se fijaron fechas para otras reuniones subsecuentes.
“El 10 de diciembre del año pasado fui convocado a una reunión por parte de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. En esa reunión, si bien es cierto no se establecieron mesas de trabajo de carácter formal, tampoco se establecieron fechas. Se platicó, y así se los platiqué a mis compañeras comisionadas, la idea de establecer diferenciadamente esta transición, porque no puede ser en una sola reunión todo el paquete de entrega, tiene que ser diferenciado y especializado”, explicó Alcalá.
Además, la comisionada Del Río informó que la Secretaría de Hacienda rechazó la propuesta, que, como dio a conocer MILENIO, no logró consenso para repartir los 49 millones de pesos de remanente del presupuesto 2024 entre algunos trabajadores del INAI.
“Aquí está la respuesta de la Secretaría de Hacienda, donde la Subsecretaría de Egresos de Hacienda nos informa, retomo una frase: ‘no es factible atender la solicitud presentada por este Instituto’ y que cualquier esquema de retiro voluntario se podría presentar ‘hasta que se realicen las adecuaciones a las leyes que correspondan conforme a lo señalado en el segundo transitorio del decreto que extingue al INAI’. Es obvio, es lógico y sabíamos que iba a ser esta la respuesta”, acuso.
“Seguiremos hasta el final”: INAI
A través de su mensaje, las comisionadas y el comisionado presidente expusieron que seguirán trabajando hasta que lo definan las leyes secundarias de la reforma constitucional que desaparece al instituto, las cuales deberán estar listas a más tardar el 20 de marzo.
“Aprovecharemos este lapso para priorizar el trabajo dirigido al cierre de labores del Instituto, de modo que pueda garantizarse una buena transición ordenada hacia la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, así como a las autoridades que resulten competentes, quienes encabezarán estos esfuerzos en el futuro inmediato”, dijo Alcalá.
“Confiamos en que la nueva normativa y modelo de garantía que defina el Congreso de la Unión y las autoridades competentes para la regulación de estos derechos pueda estar a la altura de las circunstancias, de modo que no se dé un paso atrás, sino por el contrario, que permita a la población continuar ejerciendo sus derechos de acceso a la información y de protección de datos personales en su máxima expresión, con oportunidad y sin dilaciones”, añadió.
Por otro lado, la comisionada Blanca Lilia Ibarra confió en que las nuevas leyes secundarias privilegien y fortalezcan la progresividad de los derechos de información y de privacidad.
“Aliento para que exista una perspectiva y visión de apertura del Estado mexicano, con voluntad política de transparentar de manera proactiva la información relevante y útil de los tres Poderes de la Unión, así como de todas las autoridades. Sin duda, la protección de estos derechos debe continuar, pues su protección sigue vigente en el texto constitucional”, dijo.
Finalmente, la comisionada Josefina Román destacó que si bien se tendrá que hacer una nueva Ley General de Transparencia, la reforma constitucional no toca la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, por lo que es el futuro sobre quién se hará cargo de la protección de datos personales está pendiente.
“Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en materia de protección de datos personales están intocados y la ley reglamentaria del (artículo)16 constitucional que no ha sido tocado es la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, de la cual tampoco se ha hablado”, dijo.
ARR