El proceso que sigue en el Congreso del Estado en contra del alcalde de Durango, José Ramón Enríquez Herrera, debe ser llevado a cabo hasta su término, pues en caso contrario, de omitir la indicación del tribunal judicial de la federación, los diputados podrían ser los sancionados, aseguró el secretario general de gobierno, Adrián Alanís Quiñones.
Cuestionado acerca de los señalamientos del alcalde sobre que el procedimiento tiene fines políticos y no jurídicos, explicó que van a ser muy claros, todo nace en el poder judicial de la federación y de denuncias que se hicieron en la sala judicial electoral.
"Ahí se estudiaron, litigaron y se pidió que en Congreso emitiera la sanción correspondiente, pero si el Congreso hace caso omiso a la instrucción del poder judicial, podría ser sancionado", explicó.
Detalló que esto inició desde hace muchos meses, que el alcalde ha asegurado que buscará el amparo federal. “Pero no es un situación personal ni del Congreso o de un diputado, porque los ha señalado como artífices, pero esto no es creíble”, dijo.
Resaltó además que el gobernador ha sido cuidadoso de no ser protagonista. "Él no ha metido las manos para nada en este proceso eminentemente transparente y donde se debe buscar judicialmente una solución".