El secretario de Contraloría, César Román Mora Velázquez, señaló que el Sistema Estatal Anticorrupción de Hidalgo (SEAH) es el segundo mejor del país, el cual apuntó, se consolidó en el gobierno del estado que está por concluir el septiembre próximo.
Indicó que la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), que mide a los Sistemas Estatales Anticorrupción a nivel nacional, es la que colocó al de Hidalgo en ese sitio.
“Nos califica como el segundo mejor Sistema Estatal Anticorrupción y esa fue otra de las promesas del gobernador Omar Fayad Meneses”, sostuvo el secretario de Contraloría.
El Sistema Estatal, de acuerdo con la Ley en la materia, tiene por objeto establecer principios, bases, políticas públicas y procedimientos para la coordinación entre las autoridades estatales y municipales para la prevención, detección y sanción de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como la fiscalización y control de recursos públicos.
Cabe mencionar que el 27 de abril de 2021 se aprobó la Política Estatal Anticorrupción, la cual de acuerdo con el SEAH está integrada por cuatro ejes, nueve objetivos y 41 prioridades alineadas a la Política Nacional Anticorrupción.
De igual modo, Mora Velázquez destacó que la Ley de Protección a Denunciantes y Testigos de Hechos de Corrupción es la única que se tiene a nivel nacional, “y a nivel federal ya la presentaron y le dieron el crédito al gobernador”.
Esta Ley fue aprobada el 31 marzo de 2021 por los diputados de la LXIV legislatura, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo (POEH) el 19 de abril del mismo año.
La Ley, impulsada por el gobernador del estado, Omar Fayad Meneses, entró en vigor, de acuerdo con los artículos transitorios del Decreto número 700, a partir del 1 de enero de 2022.
Tiene por objeto establecer las medidas de protección a testigos, denunciantes y a toda aquella persona que aporte información sensible en un proceso de denuncia e investigación de posibles hechos de corrupción en materia administrativa.
Además de proteger la integridad de las personas que rinden declaración testimonial o información por posibles hechos de corrupción relacionados con faltas administrativas; y determinar, erradicar y controlar a través de los órganos internos de control los factores de riesgo de las personas que aportan información sensible para la denuncia e investigación de posibles hechos de corrupción.
Sin embargo, en este año los diputados de la LXV legislatura no etiquetaron recursos para la Ley y su operación como se estableció en los artículos transitorios de su creación.