Algunas de las piezas que dan vida a los sistemas anticorrupción del país, tanto el nacional como los estatales, funcionan en la opacidad y sin rendir cuentas de sus actos, denunció la organización Mexiro AC.
Según el análisis de la agrupación, esas áreas opacas son la Comisión de Selección, una pieza accesoria de los sistemas, conformada por ciudadanos sin remuneración alguna; el Comité de Participación Ciudadana (CPC), que preside los sistemas, y, en menor medida, la Secretaría Ejecutiva, que es el brazo técnico de los mismos.
De acuerdo con Mexiro, estas áreas, en la mayoría de los sistemas anticorrupción del país, trabajan discrecionalmente, sin transparencia, y por lo tanto, no se les puede pedir información sobre sus actividades y decisiones.
En entrevista con MILENIO, Fernanda Galicia, directora general de Mexiro AC, explicó que, de acuerdo con la Ley General de Transparencia, los sujetos obligados son todas aquellas instituciones o entes que reciben recursos públicos o que ejercen actos de autoridad.
Pese a que las acciones de estas instancias son actos de autoridad porque impactan en el resto de las instituciones que conforman los sistemas, en gran parte del país, las normas locales no los consideran sujetos obligados.
Por ejemplo, las decisiones de las Comisiones de Selección son actos de autoridad, pues, aunque no recibe recursos públicos, es la instancia encargada de designar a los integrantes de los CPC, cuyos presidentes encabezan los sistemas anticorrupción e intervienen en la designación de los titulares de las Secretarías Ejecutivas, que son los brazos técnicos de los sistemas.
“El problema de que no estén como sujetos obligados de manera directa hace que no podamos tener información de lo que hacen de manera oportuna”, dijo la especialista.
Jalisco, la entidad más transparente
En el análisis a los sistemas anticorrupción del país, Mexiro AC detectó que sólo en el estado de Jalisco se considera a la Comisión de Selección como un sujeto obligado de transparencia. En el resto del país, ninguna Comisión de Selección, ni siquiera la nacional, está obligada a rendir cuentas o transparentar los trabajos que realiza encaminados a elegir a los miembros del CPC.
“Esto transgrede nuestro derecho humano de acceso a la información para revisar cómo están haciendo las designaciones de los CPC, sobre los cuales tenemos que tener los ojos bien puestos, porque si las Comisiones de Selección están cooptadas por intereses, partidos políticos o cámaras empresariales, entonces tenemos CPC que también están cooptados y, por lo tanto, no hay vinculación de la sociedad civil en ese espacio que debería ser de la sociedad civil”, explicó Galicia.
En el diseño de los sistemas anticorrupción, el CPC está encargado de vigilar que todas las otras instituciones que conforman al sistema —a nivel nacional son la Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría de la Función Pública, el Instituto Nacional de Transparencia, el Consejo de la Judicatura, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y la Fiscalía Anticorrupción— trabajen de manera coordinada y cumplan con las políticas anticorrupción.
Mexiro AC también encontró que solamente los CPC de Jalisco y Sinaloa, así como el nacional, son considerados sujetos obligados y se les puede pedir información pública de manera directa a través de la Plataforma Nacional de Transparencia. Los otros 30 comités del país no tienen obligación de ser transparentes o rendir cuentas.
Con las secretarías ejecutivas, la instancia técnica de los sistemas y que son órganos desconcentrados de los poderes ejecutivos, la situación es inversa, pues en la mayoría de los estados, así como a nivel nacional, sí son consideradas sujetos obligados, excepto en Hidalgo, Morelos, San Luis Potosí y la Ciudad de México.
Un sistema de transparencia permisivo... y con procesos en la oscuridad
Para la directora de Mexiro, esta opacidad en áreas clave de los sistemas anticorrupción es consecuencia de que el Sistema Nacional de Transparencia (SNT) no ha hecho cumplir la ley en la materia y ha dejado a los institutos de transparencia locales que sean quienes la interpreten.
“Frente a esto que estamos viendo, el SNT, específicamente su Consejo Nacional, que es la máxima autoridad del sistema y hace recomendaciones a los órganos garantes locales, se ha pronunciado por que cada instituto local de transparencia determine los casos de cuáles instancias van a ser sujetos obligados y cuáles no y esto es grave”, afirmó Galicia.
“Lo que nos llama mucho la atención es que si la Ley General de Transparencia, de manera muy clara, habla sobre quiénes son los sujetos obligados, ¿por qué el Consejo Nacional permite que cada órgano local diga quién es sujeto obligado o no? Me parece erróneo, porque no están poniendo por delante el derecho humano al acceso a la información pública”, lamentó.
El pasado 5 de agosto, la Comisión de Selección del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) emitió la convocatoria para designar a los cuatro integrantes que hacen falta en el Comité de Participación Ciudadana a nivel nacional.
Sin embargo, la emisión de esa convocatoria estuvo rodeada del reclamo de organizaciones de la sociedad civil, entre ellas, Mexiro AC, que exigían transparencia y difusión pública de las sesiones de trabajo de la Comisión de Selección para la redacción del documento.
Pese a los reiterados intentos de las organizaciones, especializadas en temas anticorrupción, para que la Comisión de Selección hiciera público su trabajo y permitiera el escrutinio de los ciudadanos, la presidenta de esa comisión, Elizabeth Soria, se negó y argumentó que la ley no preveía que las organizaciones civiles pudieran seguir de cerca los trabajos previos a la emisión de la convocatoria.
No obstante, para Fernanda Galicia, los trabajos de la Comisión de Selección —tanto nacional como las estatales—, sus sesiones, discusiones y votaciones e incluso cada documento que generan, tendrían que ser públicos, por ser actos de autoridad, pero al no ser considerados sujetos obligados de manera formal, los procesos que dan vida a las instituciones del SNA se hacen en la oscuridad.
“Se ocasiona lo que estamos viendo actualmente en el SNA, que es imposible solicitar información a la Comisión de Selección, porque no hay ningún marco regulatorio y hace que los procesos sean opacos”, dijo y ante ello, aseguró, “lo que nosotras queremos en Mexiro es que se aplique el marco normativo que ya existe, es muy claro y es necesario que lo apliquen y que esto sea sin excepciones; aplicarlo a todos los actores del sistema nacional y de los sistemas estatales anticorrupción”.
Fernanda Galicia aseguró que además de la ley de transparencia, se está incumpliendo con la Ley General de Archivos, “porque el trabajo de estas áreas es de interés público y necesitamos un archivo histórico, no solamente el del SNA, sino de todas las comisiones de selección del país”.
dmr