Era la tarde del 10 de marzo de 2022. La sesión estaba siendo transmitida por Facebook Live. Se había prolongado unos minutos más porque se decidió una segunda ronda de votación para intentar desempatar la situación. Pero justo cuando faltaba que se escucharan los votos de la mitad de la comisión, el audio se fue.
En los minutos de silencio que prosiguieron y con la oposición de varios de sus compañeros, la presidenta de la Comisión de Selección, Elizabeth Soria, decidió aplicar “el voto de calidad” para favorecer a Patricia Talavera como nueva integrante del Comité de Participación Ciudadana (CPC), la instancia ciudadana y más importante del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).
La serie de inconsistencias y de actos opacos y arbitrarios que se cometieron en esa sesión, y en el proceso que lo precedió, derivó en un procedimiento judicial que todavía está por resolverse porque, a decir de los inconformes, el perfil de Talavera no es el idóneo para el cargo.
Primero, los otros cuatro integrantes del CPC promovieron un juicio de amparo para inconformarse por la designación de su quinta compañera.
Y para respaldar ese juicio de amparo, el colectivo de organizaciones #PerfilesIdóneosYa presentó, el pasado 9 de septiembre, un amicus curiae ante el juez segundo de Distrito para fortalecer los argumentos que piden que se reponga el proceso de designación de Talavera.
El caso de la designación de Patricia Talavera es, según Emiliano Montes de Oca, vocero del colectivo, un botón de muestra de cómo se está colocando a personajes sin preparación ni experiencia en el tema anticorrupción en posiciones relevantes dentro del aparato de los sistemas anticorrupción.
Montes de Oca advierte que tanto el SNA como los sistemas locales están siendo acechados por la corrupción, la opacidad y el acaparamiento del poder.
“Tristemente, el sistema anticorrupción se está capturando, se está politizando… Y es una pena porque es un sistema que se crea para combatir la corrupción y ya está habiendo corrupción dentro de ese mismo sistema”, acusa en entrevista con MILENIO.
El recurso judicial se trata, explica, de un litigio estratégico para expresar un 'basta' a las designaciones a modo, arbitrarias e irregulares que se están dando no sólo a nivel nacional, sino sobre todo en los estados, en los órganos que conforman los sistemas anticorrupción.
“Los gobiernos estatales y el gobierno federal poco a poco han visto que éstos son nichos de poder. Al final de cuentas, estar en el CPC conlleva poder, es un puesto en que los sueldos de los integrantes son altos. Ya están viendo que son cotos de poder, donde pueden ir metiendo a sus allegados, a sus amigos, a sus cercanos y entonces, poco a poco, comienza esa captura de los puestos”, advierte el activista.
“Esta es la oportunidad de que se ponga un alto a esa captura y que haya perfiles idóneos en esos puestos ciudadanos”, asegura.
El colectivo #PerfilesIdóneosYa, integrado por 11 organizaciones especializadas en transparencia y anticorrupción, ha intentado llamar la atención tanto del Poder Ejecutivo como del Congreso de la Unión para que enmienden la plana de lo que está pasando en el SNA, pero ha sido ignorado.
“Es un llamado de SOS porque al no tener una respuesta del Ejecutivo, al no tener respuestas del Congreso, nos queda acudir a las instancias judiciales, al Poder Judicial, para que, a través de esto, que es un litigio estratégico, tratar de que ahí se calmen las cosas con los precedentes judiciales”, afirma.
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De prosperar el amparo que busca el CPC, con el que piden reponer la designación de quien ocupe el lugar de Talavera, sería un ejemplo para todo el país de que los procesos de selección de perfiles deben hacerse con responsabilidad y con la participación de organizaciones ciudadanas vigilantes.
“Queremos que desde lo federal, desde arriba, haya un ejemplo, haya una buena práctica para replicarlo en los estados. En realidad, el gran problema sí se vive a nivel federal, pero lo están viviendo peor en los estados con todas estas capturas. En los estados hay cosas peores, hay ejemplos todavía más indignantes”, afirma Montes de Oca.
El caso de Talavera
Blanca Patricia Talavera Torres fue designada miembro del CPC en un proceso en el que se convocó únicamente a mujeres y ella quedó como finalista junto con Xunahxi Viniza Pineda Cruz.
De acuerdo con el currículum que presentó, es licenciada en Comunicación por el Centro de Estudios de la Comunicación Pedregal, maestra en Gobierno y Políticas Públicas por la Universidad Panamericana y especialista en Recursos Humanos.
A pesar de que el objetivo del CPC es que sus integrantes sirvan de puente entre grupos ciudadanos anticorrupción y el SNA, las únicas organizaciones no gubernamentales con las que Talavera reportó tener vinculación fueron la Cruz Roja Mexicana y la Asociación Mexicana de Diabetes, en las que fue voluntaria en 2012 y 2003, respectivamente.
Hasta septiembre de 2021, Talavera fue directora de Administración de Recursos Humanos en la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas; antes, fue directora de Administración en la Comisión Nacional del Agua, en donde duró un mes, de septiembre a octubre de 2019.
Previamente, fue directora de Profesionalización y Desarrollo del Capital Humano en Recursos Humanos en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de noviembre de 2015 a enero de 2019; directora de Servicios Sociales, Culturales y Deportivos en Recursos Humanos en la Secretaría de Gobernación, de marzo de 2012 a junio de 2014, y subdirectora de Información en la Secretaría de la Función Pública, de junio de 2008 a marzo de 2010.
Talavera se postuló al puesto vacante en el CPC con cinco cartas de respaldo: del Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia de Chihuahua AC; del Foro Nacional de Colegios de Profesionistas, Federación General AC; de Impacto Legislativo; la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística y de la Dirección de Desarrollo Institucional de la Universidad Panamericana.
Sin embargo, las inconformidades expresadas por quienes impugnaron el proceso aseguran que en la etapa de entrevistas, Talavera “no demostró conocimientos básicos en materia anticorrupción, contraviniendo los requisitos establecidos en los artículos 16 y 34 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción que refieren demostrar experiencia en materia de transparencia, evaluación, fiscalización, rendición de cuentas o combate a la corrupción”.
Asimismo, dicen los documentos presentados ante el juez, “no se comprobó la experiencia en trabajo con sociedad civil ni su vinculación con organizaciones, condición necesaria para desempeñar esta responsabilidad ciudadana”.
Argumentaron también que la decisión para el desempate en la etapa de deliberación no obedeció a una deliberación fundada ni motivada, sino a través del voto de calidad de la comisionada presidenta, que se basó en la formación académica de la persona designada, un requisito que no se estableció en la convocatoria ni en la metodología aprobada.
Otro de los aspectos controvertidos fue que los horarios de las sesiones de trabajo llevadas a cabo por la Comisión de Selección “fueron poco accesibles para la ciudadanía en general, pues sin considerar los diversos horarios dentro de la República Mexicana, sus deliberaciones las realizaron a las 7 horas, e inclusive, una de ellas a las 4 horas de la madrugada”.
Además, que la gran mayoría de las decisiones adoptadas no se fundaron ni motivaron debidamente, “ejemplo de ello es la inexistencia de un dictamen de la designación” y la inexistencia de una justificación exhaustiva de las evaluaciones a las personas aspirantes por cada integrante de la Comisión.
El colectivo #PerfilesIdóneosYa citó diversas normas emitidas por autoridades internacionales para justificar la necesidad de reponer el proceso, entre ellas, la postura de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que considera que toda la información respecto a cada proceso de designación –requisitos, etapas, criterios y plazos- es un asunto de interés público, por lo tanto, se requiere que sea clara, transparente, pública y altamente difundida para que cualquier persona pueda acceder a ella de manera igualitaria.
Para Montes de Oca, resolver este tema es urgente, pues “el tiempo pasa y la agenda anticorrupción no avanza porque estamos entrampados en corregir las cosas que se hicieron mal”.
DMZ