Durante 2023, el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), a través de su Secretaría Ejecutiva, invertirá casi 2 mil millones de pesos para fortalecer la coordinación entre sus integrantes y para crear una base de datos con el fin de dar seguimiento a las denuncias, investigaciones y sanciones por faltas administrativas y hechos de corrupción.
Así lo informó Dalia Toledo, directora de Finanzas Públicas y Anticorrupción de Ethos Innovación en Políticas Públicas, en entrevista con MILENIO.
La especialista informó que la organización a la que pertenece elaboró un análisis sobre el uso de recursos públicos federales como parte del Anexo Transversal Anticorrupción (ATA) del Presupuesto de Egresos de la Federación 2023, en el que se detectó que la prioridad que más dinero recibirá será la de fortalecer la coordinación al interior del SNA.
“El 23.9 por ciento del presupuesto anticorrupción para 2023 se va a la prioridad 1 de la Política Nacional Anticorrupción que tiene que ver con fomentar la coordinación entre las dependencias anticorrupción”, explicó.
Así, de los 6 mil 711 millones de pesos que contempla el ATA para repartir entre 22 instituciones públicas federales que tienen tareas anticorrupción durante 2023, mil 679 millones se destinarán en el fortalecimiento de la coordinación, precisó Toledo.
La falta de una coordinación efectiva al interior del SNA ha sido una preocupación para algunos integrantes del mismo, por lo que, incluso, fue el tema central en la instalación formal del Sistema en la sesión del pasado 9 de diciembre.
Dalia Toledo explicó que la prioridad 1 de la Política Nacional Anticorrupción tiene dos objetivos: generar un protocolo nacional de coordinación, que busca crear no sólo procesos y estructuras para que todos estos entes vinculados con el combate a la corrupción puedan comunicarse mejor y la creación de una base de datos en donde pueda haber registros administrativos, información estadística, de sujetos a los que se les haya iniciado una investigación por hechos de corrupción, las conductas investigadas y sancionadas, procesos de investigación abiertos, resoluciones de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como la aplicación de sanciones.
“Le estamos apostando a que estas dos cosas van a fortalecer la coordinación”, aseguró.
Por otra parte, dijo que la segunda prioridad a la que más se le invertirán recursos del ATA es la número 15, con la que se busca impulsar mecanismos de transparencia presupuestaria, es decir, apostarle a tener cada vez un mejor presupuesto anticorrupción, en el que participen más dependencias federales y que más estados en el país tengan un presupuesto etiquetado para las tareas anticorrupción.
Esta prioridad recibirá el 15 por ciento del presupuesto del ATA, es decir, poco más de mil millones de pesos.
Asimismo, en esa prioridad, se ayudará a que la SESNA fortalezca el Modelo de Evaluación y Seguimiento Anticorrupción (MESAI), en el que se puedan evaluar los indicadores del cumplimiento de la Política Nacional Anticorrupción.
Finalmente, la tercera prioridad con más recursos será la de capacitar y certificar a los integrantes del servicio público en temas anticorrupción, ética y responsabilidades administrativas, para lo que se destinarán 805 millones de pesos.
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Toledo destacó que el ATA ya forme parte de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, pues permitirá dar seguimiento año con año de los recursos que se inviertan para hacer posible los objetivos de la PNA.
“Ya podemos tener esa historia de tiempo, esa historia lineal, por ejemplo, saber que en 2023 se le invirtió tanto y exigir rendición de cuentas; si no podemos tener información año con año no podemos darle seguimiento a lo que se está logrando”, afirmó.
LP