Por considerar que viola los derechos humanos al obligar a particulares y empresas a presentar su 3 de 3, la Coalición Anticorrupción solicitó a la Comisión de Derechos Humanos (CEDH) a interponer una acción de inconstitucionalidad contra la Ley de Responsabilidades Administrativas, que desde hoy es una norma vigente al ser publicada en el Periódico Oficial.
Integrantes de Consejo Cívico, Caintra, Coparmex y Canaco, que forman la Coalición Anticorrupción, sostuvieron una reunión con la presidenta de la CEDH, Sofía Velasco, en la que específicamente solicitaron interponer esta acción de inconstitucionalidad contra el artículo 32 de la mencionada ley.
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De acuerdo al comunicado enviado por el organismo, esta ley tiene como objeto sancionar actos de corrupción de servidores públicos e incluso de particulares, pero en el caso de estos últimos, debe haber mecanismos para prevenir y sancionar la corrupción de manera específica para las personas físicas y morales, algo que no se cumple en dicho artículo.
"Obliga a los particulares y empresas que prestan servicios al gobierno a presentar la Declaración Patrimonial, de Intereses y Fiscal de sus dueños, así como a accionistas y administradores, vulnerando el derecho a la privacidad de las personas y equiparándolos con las obligaciones que sólo corresponden a los servidores públicos", señala la Coalición.
Desde que la ley fue aprobada el 15 de mayo del presente año, la Coalición Anticorrupción criticó el accionar de los legisladores y puso en duda que hubieran actuado con la intención de erradicar la corrupción.
A casi un mes de la aprobación, la Coalición continúa señalando la Ley de Responsabilidades Administrativas, ya que aseguran, además que la complejidad puede propiciar la creación de oportunidades de actos de corrupción de servidores públicos, como la extorsión a particulares y empresas que busquen participar en licitaciones o concursos.
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"La Coalición consideró que el Congreso del Estado se excedió en sus facultades ya que incluyó como falta administrativa el hecho de que una persona física o moral no presente su declaración patrimonial, de intereses y fiscal; cuando ésta falta en particular no existe en la legislación federal", señala el mensaje de la Coalición.
La Coalición informó que Sofía Velasco propuso analizar la Ley de Responsabilidades Administrativas aprobada por el Congreso local, para luego tomar las acciones correspondientes.