Solamente 13 pedreras de las 48 que existen en Nuevo León cuentan con permiso de uso de suelo para extracción de minerales, según la información proporcionada por la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Estado (Sedesu) al colectivo Únete Pueblo.
Además, las autoridades sólo cuentan con 21 Manifiestos de Impacto Ambiental de estas 48 extractoras de roca caliza, pese a que este es un requisito para operar, explicó Rocío Montalvo, vocera de la asociación civil.
Igualmente, la normativa ambiental obliga a las pedreras a realizar estudios perimetrales para medir sus emisiones, sin embargo, sólo 15 cumplieron con este requisito que era parte del programa que emprendió el Estado para regularizar a estas empresas.
Por estos motivos, Montalvo acudió este miércoles a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), ubicado sobre la avenida Benito Juárez, en el centro de Guadalupe, a presentar una denuncia por estas irregularidades.
"De acuerdo a la información que acabamos de recibir vía transparencia encontramos que hay un número de pedreras que no cuentan con la licencia para la extracción de minerales, entre ellos no han presentado la Manifestación de Impacto Ambiental, y mucho menos han dado cumplimiento a lo que ya marca la normativa de estudios perimetrales", dijo.
Aclaró que la regularización de las pedreras ubicadas en cerros compete al Gobierno Estatal, mientras que las que se localizan en ríos es obligación de la Federación, por lo que presentaron las denuncias ante la Sedesu y la Profepa.
"La ley contempla que la Profepa puede analizar la denuncia y procesarla porque a pesar de que hemos ido ante la Secretaría de Desarrollo Sustentable, nadie ha hecho nada por resolver los problemas de operación de la industria extractora de caliza", mencionó.
Por otra parte, explicó que a raíz de esta solicitud de información encontraron un padrón de 80 razones sociales de extractoras de caliza, una cifra muy superior a las 48 que reconoce el Estado.
"Encontramos que de 48 pedreras que reconoce el Estado, hay alrededor de 80 razones sociales, sin embargo, todo esto nos llevó a que es necesario precisar cuáles son las que realmente están existiendo", apuntó.
Según los archivos de la Sedesu, solamente 16 pedreras están en estatus de abandono, de manera que continúa la interrogante sobre qué pasó con las demás empresas.
Finalmente, indicó que como parte del programa de regularización que comenzó el Gobierno del Estado se otorgó un plazo de hasta 120 días a las pedreras para que acataran los lineamientos en materia ambiental, y ya han pasado dos años.