La Secretaría de Salud (Ssa) presenta irregularidades financieras por 168 millones 369 mil pesos, de acuerdo con la Cuenta Pública 2021 de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
La dependencia a cargo de Jorge Alcocer presentó gastos no justificados en cinco apartados, entre ellos manejo de los insumos, bienes y servicios, recursos a hospitales y desembolsos por Tecnologías de la Información y la Comunicación.
Y, como parte de las 13 auditorías realizadas por la dependencia, acreditó “un aparente desfalco por 98 millones 489 mil pesos por la gestión financiera del Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán”.
La institución además carece de controles para resguardar y entregar los materiales y provisiones, y tampoco lleva un control del inventario “lo que impidió la presentación confiable de los registros en los estados financieros”.
Los procedimientos de contratación carecen de supervisión por parte de los administradores del contrato, ya que no se acreditó la prestación de los servicios acordados en al menos seis contratos.
La ASF emitió una recomendación para fincar Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y emitió dos Pliegos de Observaciones a la Secretaría de Salud, por los probables desvíos por casi 100 millones de pesos; además el Hospital de la Península de Yucatán no demostró tener el personal de confianza suficiente en mandos medios y superiores.
La Secretaría de Salud debe de aclarar el destino de 24 millones 586 millones de pesos relacionados con los servicios de arrendamiento de equipo informático; de mantenimiento y de aplicaciones sustantivas; así como de servicios de telecomunicaciones.
La ASF detectó deficiencias en la administración de contratos, principalmente en la falta de soporte de los servicios proporcionados por los proveedores y en la supervisión y seguimiento por parte del administrador del contrato del cumplimiento de las actividades acordadas.
Se estima un probable daño al erario por más de 19 millones de pesos debido a que se “carece de la evidencia que valide que todas las órdenes de servicio generadas durante 2021 con el proveedor, fueron cerradas a satisfacción de las áreas usuarias; que se cuenta con sus entregables, así como con la documentación probatoria que valide la ejecución de las actividades de mantenimiento y desarrollo”.
La Auditoría Superior desconoce el paradero de 35 millones 860 mil pesos en el Instituto Nacional de Salud Pública.
También en el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia, por dos millones 266 mil pesos; el Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas, por 13 millones 167 mil.
JLMR