La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validó la resolución del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) entregar la versión pública de los informes sobre el cambio de uso de suelo forestal para construir la base aérea militar y el Aeropuerto Internacional Felipe Carrillo Puerto, en Tulum, Quintana Roo.
Cabe mencionar que esta decisión fue ordenada por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
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Con siete votos a favor, el pleno avaló el proyecto del ministro Alberto Pérez Dayán, quien propuso declarar infundados los recursos de revisión en materia de seguridad nacional que interpuso la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal.
Pérez Dayán dejó claro que el INAI no autorizó la entrega de la información relacionada con las características técnicas y específicas de las instalaciones del aeropuerto, ni coordenadas de los polígonos, ni el consumo.
Así como del almacenamiento por etapas del procedimiento, capacidad de almacenamiento, medios de suministro de combustible, ni el total de operaciones, mapa con la ubicación, dimensiones y coordenadas del aeropuerto, ni la imagen que da cuenta del polígono vinculado con el aeropuerto y un acuífero.
“Especificamente no se autorizó nada que tenga que ver con la construcción, funcionamiento y operación de las obras señaladas por tratarse de bienes de interés público que tienen que ver con la infraestructura de transporte y de servicios y polos para el desarrollo y bienestar, constituyendo sí información de seguridad nacional”.
“Es importante destacar que, el sujeto obligado a emitir la resolución correspondiente tiene que ver única y exclusivamente con el cambio de uso de suelo forestal, modalidad B, que fue el específico que se debió considerar para satisfacer la solicitud del promovente, esto es, argumenta que el cambio de uso de suelo no debe comprometer la biodiversidad ni provocar la erosión de los suelos, el deterioro del agua o la disminución de su capacidad y que los usos alternativos del suelo que se propongan siempre tienen que ser más productivos a largo plazo”, explicó.
La ministra Loretta Ortiz Ahfl no compartió la propuesta, porque —dijo— no existe la certeza de que la versión pública de la información no contenga datos e información que sí pueda comprometer la seguridad nacional.
“Ya que al no contar con el documento íntegro que fue materia de reserva torna complejo responder con cabalidad los agravios planteados por la Consejería Jurídica, particularmente, el primero de ellos, en donde aduce que la versión pública ordenada por el INAI resulta insuficiente para salvaguardar la información que el propio instituto consideró que sí ponía en riesgo la seguridad nacional, pues se trata de un trámite unificado que en su integridad genera un riesgo”, añadió.
El pleno determinó que la Consejería Jurídica de Presidencia no justificó ni demostró que la entrega de la versión pública de la información relacionada con la materia medioambiental, como es la relativa al cambio del uso de suelo forestal, deba permanecer reservada por razones de seguridad nacional.
RM