La Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales de Nuevo León (Fepade) dio a conocer que van 50 denuncias durante el presente proceso electoral, principalmente relacionadas con presuntos desvíos de recursos públicos y humanos en apoyo de candidatos o partidos políticos.
Gilberto de Hoyos Koloffon, titular de la Fiscalía, explicó que la cifra de denuncias ya rebasó al proceso electoral del 2012 y se aproxima a la cantidad que arrojó la jornada del 2015, cuando se recibieron 53 acusaciones en total.
“Casi ya llegamos al mismo número que se presentó en el 2015 que fueron 53, entonces ahorita quedan 26 días para la jornada electoral, creemos que va a haber más denuncias en estas próximas 3 semanas y en el día de la jornada electoral es cuando más se reciben”, indicó.
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El funcionario indicó que esta semana se giraron los primeros oficios para requerir información a los denunciados y se encuentran en etapa de investigación, aunque aclaró que hasta el momento no se ha vinculado a nadie a proceso.
“En los oficios que nosotros enviamos para solicitar investigación podemos solicitar dos o tres días como plazo máximo para obtener la información que requerimos”, informó.
De manera general, señaló que las denuncias están relacionadas principalmente con la utilización de recursos públicos con fines proselitistas.
“(Las denuncias son por) recolección de credenciales para votar, también hay supuestos actos de servidores públicos que en horario laboral están apoyando a algún partido o candidato en particular o el uso de recursos públicos para apoyar partidos o candidatos y el tema de las firmas irregulares”, expuso.
Por motivos de seguridad y para no vulnerar el proceso en la investigación, Gilberto de Hoyos Koloffon optó por no dar detalles sobre la denuncia que presentó ayer martes el dirigente estatal de Movimiento Ciudadano, Samuel García, en contra del gobernador con licencia, Jaime Rodríguez.
En dicha denuncia García alegaba seis probables delitos electorales: compra de firmas y uso de credenciales simuladas, coacción hacia empleados de gobierno, uso indebido de recursos desviados para su campaña, uso de estructura gubernamental para recolección de firmas en día y hora hábil.
Así como lavado de dinero, compra-venta de facturas, y la presunta triangulación ilícita de financiamiento.
“Por el sigilo de la investigación, y ese es un criterio que estamos tomando en esta fiscalía, nosotros no vamos a comentar qué se ha recibido y qué no se ha recibido, ni quien es el denunciante ni el denunciado”, concluyó.